Ismael Moreno (sj)*
Los meses transcurridos tras la toma de posesión del nuevo gobierno han estado condicionados por una agitada coyuntura en la que destacan las presiones por empleo inmediato y la crisis energética. En suma, predomina la inmediatez y una sociedad que actúa en la lógica del rebusque, mientras que el Sondeo de Opinión Pública confirma que la ciudadanía no confía en los políticos ni en los partidos políticos, ni en las instancias del Estado conducidas por políticos.
El mundo sigue conducido por las fuerzas más oscuras del planeta. La guerra entre Rusia y Ucrania es un dramático y triste ejemplo de ello. Ninguna potencia está interesada en poner fin a la guerra, sino en administrarla de acuerdo a negociaciones e intereses geopolíticos. Ni Estados Unidos, ni Rusia, ni la Unión Europea o China tienen como principal preocupación poner fin a la guerra en Ucrania o privilegiar la atención a las víctimas del conflicto. La guerra se ha convertido en un valor de cambio y los grandes temas financieros, energéticos y comerciales se esgrimen como factores de negociación entre las potencias.
El alza a los carburantes y el avance hacia una recesión económica mundial se mueven al ritmo de intereses geopolíticos, y para los poderes estadunidenses las decisiones se van tomando o se condicionan conforme a las elecciones intermedias de noviembre próximo. Las fuerzas entre republicanos y demócratas están emparejadas y cada cual se mueve en función de sacar ventaja sobre los otros.
Con sus millones de víctimas, lo que tenemos en el planeta es una guerra de cálculos y, por lo mismo, un proceso planetario de deshumanización. Mientras no se pongan en riesgo los negocios, las ganancias de las grandes transnacionales y el estatus económico y político del sistema, todo se puede negociar sobre la base de que las consecuencias de las decisiones que tomen los propietarios del planeta seguirán recayendo sobre las espaldas de los perdedores de siempre.
En América Latina tenemos la irrupción de un nuevo flujo de gobiernos progresistas, de historias y acentos muy diversos, y cuyos intereses se cruzan. Es un error meterlos a todos en un mismo saco, aunque al lanzar una mirada de conjunto se aprecie que su incidencia se va haciendo sentir en las dinámicas y estructuras de poder continental. Son diversos y pueden chocar en algunos intereses, pero les une su confrontación con los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y la amenaza que representan las empresas extractivas o el sistema financiero internacional. La correlación de fuerzas va dando lugar a nuevos bloques de poder.
Gobiernos como el chileno o el colombiano pueden, previsiblemente, liderar dinámicas continentales a las que el gobierno mexicano y el hondureño pueden sumarse, aunque al momento de manifestar sus preferencias políticas el gobierno hondureño busque su vinculación con Nicaragua y Cuba, mientras que los nuevos gobiernos del Sur del continente prefieran mantener su cuestionamiento crítico y su distancia respecto de esos regímenes, especialmente por las violaciones a los derechos humanos y la represión contra los opositores por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Una agenda atrapada por la inestabilidad y la inmediatez
Ante la oportunidad que se ha abierto en el país tras la salida de la administración pública del Partido Nacional y asumir la alianza liderada por el partido Libertad y Refundación (Libre), queda planteada la tarea política nacional de cómo invertir en una plataforma de despegue para implementar a lo largo de los siguientes veinte años.
Los meses transcurridos tras la toma de posesión del nuevo gobierno han estado condicionados por una arrebatada coyuntura en la que destacan las demandas y presiones por empleo inmediato, la crisis energética y la confrontación entre las nuevas autoridades y miembros del gobierno anterior, salpicados por la corrupción y el abuso de poder. En suma, destaca la inmediatez y se resiente en la agenda nacional la ausencia de planes de mediano y largo plazo.
Cada vez se percibe más a un gobierno “apagafuegos” y una sociedad con la mirada puesta en el corto plazo y actuando en la lógica del rebusque. Eso de que “a cada día le basta su afán”, parece que se ha convertido en norma de vida y todo lo que se ha dicho a lo largo de las últimas décadas, de vivir en “estado de sobrevivencia”, es lo que caracteriza la vida cotidiana, tanto en las esferas de poder del Estado como en los espacios de diversos sectores de la sociedad, sobre todo donde el desempleo y el rebusque conducen el sentir, pensar y actuar de las poblaciones.
Arañar trozos de vida, esa es la divisa de la mayoría. Y en este ambiente, el canibalismo político revela el deterioro partidario de quienes tienen puestos en la administración pública y capacidad para colocar o quitar a personas que, aun siendo del partido oficial, no gozan de la venia o han perdido la confianza de diputados y ministros.
Se sabe de las feroces pugnas que se dan en el partido Libre por asegurar empleos a los activistas en ministerios como el de Educación o Salud. Y esto tiene que ver con el manejo del poder y las rencillas que se arrastran desde aquellas luchas en defensa de la salud y la educación que se libraron en 2019. Pero, sobre todo, es la expresión de liderazgos añejados que, ocupando puestos altos o intermedios en la administración pública, los utilizan para garantizar empleo a sus familiares y activistas leales, llevándose de encuentro a otros que, sencillamente, caen como víctimas de la voracidad de quienes tienen mayor poder de decisión.
¿Quién realmente manda en Honduras?
La respuesta es muy difícil, porque se perciben muchas manos, mentes e intereses que se mueven en torno de la institucionalidad del Estado. Xiomara Castro es, obviamente, quien tiene en sus manos las decisiones emanadas del mandato popular. Pero, aunque ella ostenta el poder, lo que tiene en los hechos es una cuota de ese poder, y no la de mayor relevancia.
Se dice que ella ha logrado una estrecha alianza con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras, para impulsar las decisiones que se corresponden con el plan de gobierno. Pero también se habla de que junto al presidente del Congreso hay varias sombras que compiten con él por determinar las decisiones. La sombra más visible es la de Carlos Zelaya, quien formalmente ostenta el cargo de vicepresidente del poder Legislativo, pero es de él de quien emanan las principales líneas de decisión del Ejecutivo.
Sus vínculos con sectores de toda índole en la empresa privada, su relación con su hermano el expresidente Manuel Zelaya, su cercanía con la presidenta y el hecho de tener muy bien puestas las manos en el gabinete de gobierno a través de la estratégica Secretaría de Defensa, cargo depositado en su hijo, José Manuel Zelaya Rosales, hacen creíble la hipótesis de que la familia Zelaya no solo se blinda ante un eventual golpe de Estado, sino que también controla los hilos fundamentales de la política y de los intereses militares.
Todo esto hace pensar que Carlos Zelaya es el hombre que concentra mayor poder en el Gobierno, muy por encima de la presidente y en consonancia con su hermano Manuel Zelaya Rosales, quien logró el control político territorial a través de una militancia partidaria obediente y fiel a sus lineamientos. Más aún, logró el control de Casa Presidencial, ahora convertida en su cuartel general, desde donde convoca a sus activistas y se vincula con el gabinete ministerial en tanto que asesor de la Presidenta de la República.
La familia Zelaya-Castro, en general, es poseedora de una cuota muy alta de poder que convierte al gobierno que preside Xiomara Castro en un gobierno fuertemente familiar y con una eventual disposición a sentar las bases para su continuidad; por ejemplo, ya suena que Héctor Zelaya Castro, hijo mayor y actual secretario privado de la presidenta, estaría organizando sus estructuras políticas para una eventual candidatura presidencial, con el visto bueno de su madre.
La lucha por cuotas de poder es uno de los dinamizadores de quienes están en el entramado del Estado, pero nadie que quiera tener éxito lo podrá lograr en este período sin estar cerca y sin la venia de la familia Zelaya-Castro. Todos buscarán subirse al trampolín de esta familia, para hacerse de su propia cuota de poder. Lanzar una candidatura política al margen de este poder fáctico, es como lanzarse sin paracaídas a un precipicio.
La respuesta a la pregunta de quién tiene el poder en Honduras se circunscribe a la coyuntura política, sobre la base de ser una respuesta muy limitada. El poder real lo siguen sustentando los grandes inversionistas, lo que suele llamarse la oligarquía. Esta controla los negocios vinculados con las empresas extractivas, la industria cafetalera, los medios de comunicación y las telecomunicaciones, el deporte, la industria turística, todo en alianza estrecha con las transnacionales. Sin dejar por fuera los negocios ilícitos, como el tráfico ilegal de bienes naturales, de personas y drogas.
Pero esta oligarquía no solo incursiona en el campo de la política; una vez convertidos en políticos luchan incansablemente por acceder al campo de los negocios, como es el caso de Héctor Zelaya Castro, quien además de ser parte de la familia con mayor poder político en la actual coyuntura, está casado con una de las familias que manejan la industria cafetalera.
Los peligros de la militarización
Uno de los mayores servicios que debería dar el gobierno que preside doña Xiomara Castro es poner en marcha dinamismos para avanzar hacia una sociedad libre del yugo de la militarización. Quitar ese yugo, que ha hecho tanto daño a lo largo de las últimas seis décadas, sería el mayor de los regalos que un gobierno podría impulsar a favor de la sociedad hondureña.
El yugo es todavía más dañino, en tanto el militarismo avanzó hasta penetrar la conciencia de las personas y los ambientes hasta convertirse en cultura, ahondando la mentalidad y prácticas verticales, autoritarias, controladoras y jerárquicas. Esta cultura ha permeado e invadido muchos ámbitos de la vida nacional, y la población la expresa dándoles confianza a los militares para que controlen y persigan la violencia y la criminalidad, como ha quedado establecido en los sondeos de opinión pública que año con año realiza el ERIC-SJ.
Sin embargo, las señales del nuevo gobierno van por otro lado y advierten que los militares, lejos de reducir su poder, lo estarían fortaleciendo. Se deja entrever que el asunto militar no es solo un tema de táctica de la Presidencia de la República, sino que de verdad se lo cree. La presencia central de la mandataria en los actos militares, la hacen aparecer como una oficial que se siente orgullosa de ser la comandante de las Fuerzas Armadas. No existen señales de que podrían surgir conflictos con el estamento militar, sino más bien se percibe una alianza estrecha entre los altos oficiales castrenses y Casa Presidencial.
Todo indica que las relaciones se profundizarán, como ocurre con el anuncio de la presidenta de convertir la Policía Militar del Orden Público en la instancia militar especializada en combatir el narcotráfico. Esta decisión se sustenta en una contradicción de fondo, porque ese aparato fue creado por el exmandatario Juan Orlando Hernández como una estructura para protegerse y proteger los intereses del negocio del narcotráfico, como ha salido a la luz pública en diversos informes que incluyen fuentes estadunidenses.
La inseguridad y el ambiente de violencia criminal van invadiendo la vida del país y contribuyen al deterioro de la imagen del nuevo gobierno. Sin embargo, es muy positiva la decisión que a comienzos de julio anunció la presidenta de poner en marcha el proceso para crear la policía comunitaria, que diversos sectores vienen exigiendo desde hace muchos años.
En el momento que se puso en marcha el proceso de depuración de la Policía Nacional —implementado por el régimen de Hernández en alianza con organismos de la sociedad civil muy afines a sus políticas e intereses—, se desoyeron las voces de importantes sectores que sostenían que no podría haber depuración policial sin un auténtico proceso para enjuiciar a oficiales comprometidos con violaciones a los derechos humanos, con el narcotráfico y el crimen organizado. Y sin la implementación a fondo de la policía comunitaria, que reemplazara las estructuras de la Policía Nacional, corroídas por la corrupción y el crimen. El anuncio de la presidenta Xiomara Castro de crear la policía comunitaria responde, por consiguiente, a demandas que vienen caminando a lo largo de las últimas dos décadas y que, de asumirlo a fondo, vendría a ser una respuesta institucional al grave problema de violencia e inseguridad en la sociedad.
Desmilitarización y policía comunitaria se constituyen así en factores que podrían hacer que el gobierno de doña Xiomara Castro le preste un importante servicio a la sociedad, y un camino hacia lo que Libre identifica como refundación del país, del Estado y la sociedad. Sería, además, un camino expedito para avanzar hacia un nuevo pacto social, que finalmente se exprese en un proceso constituyente. Sin embargo, la cercanía de la presidente con oficiales de distintos estamentos militares, el mantenimiento del presupuesto militar y la ausencia de investigaciones sobre el involucramiento de oficiales en negocios ilícitos, deja más preocupaciones que entusiasmos.
Plan consensuado de reactivación económica
Todos los indicadores advierten que el gobierno está ante la necesidad de alcanzar un consenso entre los diversos actores sociales —sin excluir a nadie— para hacer frente a las demandas económicas en el corto, mediano y largo plazo. Este consenso también tiene que lograrse con la comunidad internacional, los organismos financieros y la comunidad de compatriotas migrantes, la mayor contribuyente a la economía nacional, muy por encima de las ayudas de gobiernos como el estadunidense. Para lograr un consenso de tal naturaleza, habría que articular las demandas económicas por empleo con propuestas que reactiven la economía en el agro e incentiven la micro, pequeña y mediana empresa.
Además, cualquier iniciativa de reactivación económica para alentar a los emprendedores ha de estar acompañada del fortalecimiento de los órganos de justicia y seguridad para que puedan reducir significativamente la extorsión y las amenazas de violencia a que se exponen las empresas colectivas e individuales.
La violencia delincuencial organizada es una de las mayores generadoras de inestabilidad social y política, que a la vez profundiza la fragilidad económica y la pérdida de incentivos que afectan a las micro, pequeñas y medianas empresas. En consecuencia, no será posible reactivar el comercio, la producción y las iniciativas para emprender actividades económicas lícitas en beneficio de las familias, sin un sólido sistema de justicia y seguridad ciudadana.
En la construcción de consensos económicos, sin duda, se ha de repensar el papel del agro en la reactivación de la producción de alimentos, tan necesaria en estos tiempos de escasez. El reordenamiento agrario y la redistribución de la tierra han de ser factores fundamentales para dicha reactivación, así como el aprovechamiento racional de los bienes de la naturaleza por comunidades y empresas comunitarias o privadas que no vean en la naturaleza un objeto de depredación y lucro, ni que se propongan convertir en capital los bienes naturales como el agua, los bosques y la tierra.
Los consensos han de establecer parámetros para definir el empleo, de manera tal que el Estado deje de ser el principal empleador, lo que actualmente genera canibalismo partidario. Que la generación de empleo se conciba, principalmente, como una responsabilidad que compete a la empresa privada, y que los incentivos económicos y fiscales otorgados por el Estado vayan dirigidos, especialmente, a fortalecer a los compatriotas que se organizan empresarialmente para sacar adelante a sus familias, o quieren regresar al país para invertir aquí sus ahorros.
En este terreno es donde se ha de vincular el empleo y la economía con la educación y la formación técnica, la capacitación de las nuevas generaciones en escuelas profesionales que las doten de suficientes habilidades para obtener un empleo digno.
Construir un sistema de justicia independiente: una empresa necesaria y compleja
La corrupción, impunidad, tráfico de influencias y la partidización corroen el sistema de justicia; esta es una realidad que se viene arrastrando desde muchos años atrás; es una herencia del bipartidismo que logró colarse en los nuevos partidos políticos.
Todo mundo da por sentado que la justicia es propiedad de los políticos y de las elites que pueden pagar por ella, y en todas las circunstancias lo que ocurre es un reparto del ejercicio del poder en los órganos de justicia, privilegiando en el proceso a quienes tienen más poder y capacidad para negociar y chantajear.
Son loables las iniciativas ciudadanas para romper con esta realidad, pero a la fecha todo se ha reducido al fracaso. El sistema de justicia es un botín que los políticos no se dejarán arrebatar, y han logrado introducirse en las iniciativas para “adecentar” el poder judicial. Al final cooptan las buenas voluntades y las orientan hacia un terreno de su entera conveniencia, para que legitimen la elección de las autoridades judiciales.
En los últimos veinte años se ha intentado sanear la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia a través de instancias que promuevan la transparencia y la honestidad en la selección de dichas autoridades. Todo ha sido inútil. Durante el régimen de Juan Orlando Hernández, cuando se realizó la última elección de magistrados, se pasó por todas las instancias nominadoras, pero en el momento decisivo los quince magistrados fueron debida y previamente seleccionados por el titular del Ejecutivo. Por mucho que se denunció, los maletines iban y venían por los pasillos del Congreso Nacional, para comprar el voto de los diputados a favor de los nombres que meses atrás ya habían sido seleccionados de acuerdo a los intereses de Juan Orlando Hernández y sus más cercanos colaboradores.
Cuando se acerca la fecha de la elección de magistrados o del Fiscal General se reactivan instancias veedoras, nominadoras y propositivas, y el número de candidatos pasa de mano en mano. Todo hace pensar que finalmente la democracia funcionará y que la selección y elección de las autoridades de justicia se hará conforme a derecho, por encima de los intereses partidistas y de los llamados grupos fácticos.
Algunas personas, con muy buena voluntad y con la misma dosis de ingenuidad, creen en la efectividad de estos procesos y, una y otra vez, olvidando las amargas experiencias, tropiezan con la misma piedra: la sagacidad y perversa lucidez de los barones de la política corrupta. Lo que en realidad ocurre es que los auténticos candidatos ya han sido negociados, incluso con la participación de quienes lideran las instancias creadas para velar por la transparencia del proceso de selección de los candidatos a las magistraturas.
Interpretación de Envío-Honduras de los hallazgos del undécimo Sondeo de Opinión Pública
1. No obstante la masiva asistencia de la ciudadanía a las mesas electorales el pasado 28 de noviembre de 2021, este Sondeo de Opinión Pública confirmó la percepción presente en todos los sondeos realizados por el ERIC-SJ desde 2010, cuando se hizo el primer trabajo de campo para recoger la percepción de la sociedad sobre la realidad del país: no hay en la ciudadanía confianza en los políticos ni en los partidos políticos, ni en las instancias del Estado conducidas por políticos. Aunque todos los años se repite esta percepción, no existen señales de que las dirigencias de los partidos políticos hayan reflexionado o se hayan dejado impactar por estos resultados. Siguen arando como bueyes, con la vista puesta en su propio surco, sin el mínimo interés en levantar la mirada para ver otros horizontes.
2. La tendencia, en esta versión del Sondeo, es más de optimismo y de aliento en relación con el gobierno. La propia calificación de 6, otorgada por los encuestados a la gestión de la presidenta Xiomara Castro, parece ser más una reminiscencia de las calificaciones altamente negativas y bajas otorgadas a los presidentes anteriores, que a las actuaciones y decisiones de la actual administración a dos meses y días de haber asumido el cargo.
3. En todo caso este Sondeo —cuyos hallazgos son el resultado del trabajo de campo realizado en los primeros días de abril del presente año—, refleja la ambivalencia en que el gobierno se ha venido moviendo y actuando desde el inicio, tanto en los nombramientos efectuados como en las decisiones adoptadas. Esta ambivalencia permea por igual a la sociedad en general, a través de las vocerías de las distintas organizaciones e instancias sociales y gremiales.
4. En el gobierno existe entusiasmo y euforia, y no es para menos, tratándose de funcionarios jóvenes que se la jugaron a lo largo de muchos años desde la rebeldía y la resistencia popular, y para quienes colocarse en un puesto de la administración pública en Casa Presidencial era un sueño inaccesible. Algo de esa euforia se refleja en esta versión del Sondeo de Opinión Pública. Y esto es positivo, pero a la vez puede ser un distractor ante los gigantescos desafíos, que puede conllevar el peligro de caer en aquello que sirvió para humor político en la administración anterior: las dos Honduras, la de los funcionarios eufóricos e iluminados del gobierno y Casa Presidencial, y la Honduras que sigue desajustada, golpeada por el desempleo y el abandono ante los descalabros sociales, económicos y ambientales. En efecto, tenemos a la Honduras política, la de los entusiasmos políticos, la de los políticos emergentes, los que logran dibujar un país a la altura de sus aspiraciones y mentalidades; y la Honduras con sus destrozos y angustias, la misma en que los agobiados siguen tomando el camino hacia el Norte; la Honduras de la violencia, la inseguridad y las extorsiones cotidianas.
5. Esa ambivalencia queda retratada en el Sondeo de Opinión Pública en esta undécima edición. La gente percibe un aliento, una esperanza en el nuevo gobierno, pero sigue desconfiando de los políticos; sigue con sus esperanzas dentro del país, pero un porcentaje de jóvenes se va del país o se enrola en los corredores inciertos y subterráneos de la droga y la delincuencia. O se sumerge en la economía informal, de la sobrevivencia, en la lógica del sálvese quien pueda. Sigue diciendo que prefiere la democracia, pero más del 40 por ciento dice que se va con cualquier sistema si este le garantiza sus demandas económicas, le resuelve sus necesidades de empleo y seguridad, que son las tres demandas principales de hondureños y hondureñas, conforme a los hallazgos de este Sondeo de Opinión Pública. La corrupción queda como un término etéreo, vago y sin contenido, que muy poco le dice a la gente. Vincular el desempleo, las necesidades económicas apremiantes, la inseguridad y la violencia con la corrupción, sería un factor detonante para proponer alternativas. Pero no está presente.
6. La población sigue depositando su confianza en las iglesias evangélicas, no obstante el compromiso probado de no pocas de ellas con la administración corrupta de Juan Orlando Hernández; en la Iglesia Católica, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y los medios de comunicación. Una vez más, deposita la confianza, mayoritariamente, en instancias que prestan un servicio religioso o ético, pero no porque tengan como función responder a las demandas de la sociedad. En cambio, desconfía de las instituciones públicas cuya función es justamente responder a esas demandas, excepto las secretarías de Educación y Salud. Una vez más, se reflejan las ambivalencias de la sociedad hondureña.
7. Los hallazgos de este Sondeo de Opinión Pública advierten que la sociedad hondureña está positivamente activa, esperando que el gobierno tome decisiones que cambien el rumbo, y que estas decisiones residan, primordialmente, en el liderazgo de la presidenta. Y si hay delegación —como en efecto debe ocurrir en una democracia—, que sea por la palabra y decisión de la mandataria. Hay un cuestionamiento frontal a la injerencia directa del exmandatario Manuel Zelaya, y la gente advierte del peligro de que la presidenta sea desplazada en la toma de decisiones. Es interesante que, a diferencia de sondeos anteriores, la población piensa que doña Xiomara Castro es manipulada, pero por su esposo, no por otros actores como la gente rica, el narcotráfico o la Embajada de los Estados Unidos. Esto indica la confianza que deposita en una presidenta con capacidad para romper con los poderes que, de facto, han manipulado las decisiones en la administración pública. Pero demanda que Xiomara Castro ejerza mayor liderazgo y que toda delegación sea bajo los hilos que conducen a su persona.
8. Los temas para que la presidenta y su equipo ejerzan sus decisiones están muy claros: soberanía sobre los bienes naturales y nuevas políticas energéticas, control sobre el agua, los bosques, la minería y, en general, sobre todos los bienes naturales. Más de ocho de cada diez personas entrevistadas dice que debe darse un cambio profundo en la administración de los bienes de la naturaleza, y esto tiene que ver con nuevas reglas del juego respecto de los ríos, el agua, la minería y los bosques. Esto supone una confrontación con quienes impulsan la industria extractiva, ante de los cuales el gobierno no ha dado señales de tener la voluntad de confrontarlos.
9. Tareas pendientes: Diálogo Esto supone escuchar voces diversas, no solo a las afines al poder. Un rasgo del comportamiento político actual en Honduras es la pérdida de capacidad de escucha y la manifestación de prejuicios y descalificaciones hacia el adversario. Aquí tenemos una tranca para el diálogo. Y sin diálogo, sin debate entre los distintos, sin discusión abierta, es imposible sacar adelante propuestas que respondan a las demandas de la sociedad. Acortar distancias entre la Honduras de las élites y de los iluminados, con la del pueblo llano, “municipal y espeso”, que nos recuerda el poeta. Pero solo se acortan distancias bajando y escuchando, ir con alforjas vacías, sin proyectos ya aprobados. Bajar, escuchar y buscar juntos un camino común. Trabajar propuestas de país que rompan con la dispersión entre ministerios y entre regiones. Dejar que el movimiento social diga y sostenga su palabra desde sus demandas ambientales, étnicas y sociales. Este dinamismo de los movimientos sociales no ha de ser cooptado ni sustituido por partidos políticos, sino complementado con la escucha y el diálogo. Unir la Honduras territorial con la Honduras en la diáspora, y romper con esas Honduras que nos dispersan y confrontan, es una de las invitaciones de fondo que subyacen en los desafíos que emergen de este Sondeo de Opinión Pública.
*Director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ).