Gustavo Zelaya*
De poco le sirvieron al Partido Nacional las falacias que urdió en la recta final de la campaña electoral contra la coalición opositora. No hubo mentira ni pastor iluminado capaz de convencer a la ciudadanía de que, después de casi doce años de gobiernos nacionalistas, lo único que se profundizó en el país fue la corrupción, el narcotráfico, la subasta de la soberaníay la violación de derechos humanos.
Introducción
La lógica es un componente de la filosofía que se encarga de estudiar la forma o estructura del razonamiento, de sus partes y de cómo se llega a conclusiones a partir de unas premisas; investiga argumentos inductivos, deductivos y su validez, e intenta diferenciar entre razonamientos correctos e incorrectos[1].
A los razonamientos incorrectos se les llama falacias y algunos de ellos pueden ser persuasivos[2]. Las falacias pretenden engañar y manipular mentalidades que, en el caso hondureño, es probable que ocurra, debido a la generalizada incultura política. Conste, esta posibilidad no solo se debe al analfabetismo intencionalmente promovido desde el poder, que ha debilitado el sistema educativo y mantiene a grandes sectores de la población en relativa ignorancia desde hace décadas. También existe en grupos que parecen instruidos, que han cursado estudios formales, incluso del nivel superior, pero dotados de ideas “políticas” conservadoras mezcladas con tradiciones religiosas.
El gran ausente: el debate público
Actualmente hay mucho de eso: se rebaten, atacan y desacreditan propuestas políticas sin hablar de ellas; se utilizan frases que parecen contundentes sin importar su relación con la realidad, pero que emocionan y levantan polvo donde solo hay amenazas y gritos, sin debatir ideas; se censura e insulta para hacer creer que se atenta contra lo que llaman “nuestros principios”, “nuestros valores” y desde “ideologías extrañas”.
Esto lo dice una fingida autoridad moral, como es el cardenal Oscar Andrés Rodríguez, el candidato oficialista Nasry Asfura y otros actores electorales que fueron parte del golpe de Estado de 2009, respaldados por costosas campañas mediáticas e identificados con ideas ultraconservadoras que esgrimen como consigna esencial la defensa de la vida. Entonces, no solo interviene un sector de las iglesias, también la retórica anticomunista, con una serie de exabruptos contra la sexualidad, el matrimonio igualitario y los derechos reproductivos.
Un aspecto central en la propaganda electoral oficialista ha sido la “defensa de la vida”, entendida como opuesta al aborto que, según ellos, promueve el partido Libre; pero, en ningún momento, se dice que esta agrupación propone despenalizar el aborto por tres causales: 1) en caso de violación, 2) en caso de que la vida de la madre corra riesgo y, 3) por malformaciones fetales que impidan una vida digna, como lo han recomendado organismos de las Naciones Unidas[3].
Los estudios desmienten la propaganda oficialista
La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha referido al aborto no solo por la desinformación sobre el tema, sino también para alertar sobre el peligro del aborto clandestino, que se traduce en la muerte de miles de mujeres cada año. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer declaró en 2014 que el aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad maternas. Como tal, los Estados partes deberían legalizarlo al menos en casos de violación, incesto, amenazas a la vida y/o salud de la madre o discapacidad fetal grave, así como proporcionar a las mujeres acceso a atención de calidad después del aborto, especialmente en casos de complicaciones resultantes de abortos inseguros.
Los Estados partes también deben eliminar las medidas punitivas para las mujeres que se someten al aborto. Dentro de los pocos países que aún penalizan el aborto está Honduras, y aquí la voz principal proviene de políticos tradicionales y representantes de las iglesias, cuando ni la política ni la religión tendrían que opinar ni decidir sobre los cuerpos de las mujeres en un supuesto Estado laico.
Sin embargo, quienes afirman defender la vida, no cuestionan a Libre cuando afirma que “garantizará desde el gobierno la protección y el goce pleno de todos los derechos de los ciudadanos, en primer lugar, los necesarios a la dignidad, como son el derecho a la vida, alimentación, al empleo, la vivienda, salud, ambiente sano y educación y seguridad, la libertad cívica primigenia, la solidaridad y la igualdad ante la ley”[4]. Ninguna palabra sobre esto, pero sí una visceral postura contra el aborto y la “brutalidad anticomunista”.
Una propuesta racional
Defender la vida debe ser una propuesta racional de cualquier grupo político; pero cuando la enarbola como tema electoral la reacción más cavernaria y un régimen que atenta contra la vida, que fomenta la inseguridad y la corrupción con fondos públicos, que hizo una criminal y pésima gestión de la pandemia, con distintas complicidades en la represión y el narcotráfico, la cuestión podría parecer divertida. La tragedia que enluta a miles de hogares muestra el carácter homicida e inhumano de quienes encabezan y se lucran en el régimen de Juan Orlando Hernández.
Entonces, ¿qué significa defender la vida en versión orlandista?
Aquí hay datos de dos fuentes: Casa Alianza Honduras (CAH) y el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS); la primera independiente, y la otra no tanto.
De acuerdo con informes de Casa Alianza, en el transcurso de los 91 meses (segundo período) de gobierno de Juan Orlando Hernández, se han registrado en el país 4,711 muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años. Este registro se basa solamente en los datos obtenidos mediante el monitoreo de los medios de comunicación escrita, por lo que la cifra puede estar muy por debajo de todos los casos que realmente han sucedido. Enero de 2021: Del total de muertes violentas registradas por Casa Alianza, 40 casos corresponden a niños, niñas y jóvenes (NNJ) menores de 30 años, representando el 30.5% de las víctimas. En lo que corresponde a las muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años, los datos indican que en enero se registró un total de 28 casos, de los cuales 24 corresponden al sexo masculino y 4 al sexo femenino.
Septiembre de 2020: Un total de 31,321 hondureños han sido repatriados en lo que va de 2020; así lo reportan las cifras del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (CONMIGHO)… Desde la región centroamericana han sido devueltos a Honduras 529 compatriotas, de los cuales 107 (20.2%) fueron NNJ.
Del total de muertes violentas registradas por CAH en el mismo mes, 35 casos corresponden a niños, niñas y jóvenes menores de 30 años, representando el 26.7% de las víctimas. En lo que corresponde a las muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años, los datos indican que en septiembre se registró un total de 21 casos, de los cuales, 19 corresponden al sexo masculino y 2 al sexo femenino.
Desde enero de 2017 a septiembre de 2019 (33 meses), los medios de comunicación escrita del país registran un total de 153 matanzas con un saldo de 524 decesos. Los departamentos en que se registró un mayor número de ejecuciones arbitrarias y/o muertes violentas de menores de 23 años son Cortés y Francisco Morazán; entre ambos concentran el 82% de los sucesos a nivel nacional.
En resumen, durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (febrero 2010 – enero 2014), Casa Alianza registró 3,891 muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias y, durante el gobierno de Hernández (27 de enero 2014 – 30 de septiembre de 2020), registró 4,400[5].
Por otra parte, recientemente CAH informó que la mayoría de los centros educativos públicos carece de agua potable, de drenajes, de luz eléctrica, los techos se encuentran en mal estado, las paredes presentan grietas, a tal grado que comprometen la seguridad de los alumnos y maestros[6].
Los datos que el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) presenta en sus boletines son resultado del proceso que sigue la Mesa Interinstitucional de Validación integrada, además del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), la Policía Nacional, la Dirección General de Medicina Forense y el Registro Nacional de las Personas, instituciones que proporcionan información sobre muertes por causa externa, registros de levantamientos y autopsias realizadas en todo el país.
Enero-diciembre 2012: un total de 940 niñas, niños y jóvenes (108 niñas y 832 niños y jóvenes) perdieron la vida este año, representando el 13.1% de las víctimas. El rango etario más afectado en hombres se ubicó entre los 20 y 24 años con 1,278 muertes (17.8%), mientras que en el sexo femenino correspondió a edades entre los 25 a 29 años, con 98 casos (1.4%).
Enero-diciembre 2015: Se reportó un total de 88 niñas y 482 niños menores de 18 años que fueron víctimas de la violencia y que representan el 11.1% del total. Hubo 48 casos en los que no se tuvo reporte de la edad de la víctima y dos sin información sobre el sexo.
Enero-diciembre 2016: Se registró un total de 361 muertes violentas de niñas y niños menores de 18 años y, en el rango de edad de 60 y más años, 226 homicidios. Las autoridades no lograron determinar la edad de 109 víctimas que se consignaron a la variable “indeterminado”.
Enero-junio 2019: En el primer semestre de 2019, la modalidad desconocida o por establecer fue el rasgo común en las muertes homicidas del 45.2% de niñas y niños. Los hechos noticiosos no dieron a conocer la manera en que 73 menores de edad perdieron la vida[7].
Otro medio informó lo siguiente:
Con un promedio de 11 decesos diarios, Honduras registra la muerte de aproximadamente 1,300 niños, 243 mujeres y un total de 42 masacres en lo que va de 2021… Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), dijo que el número de muertes contradice las afirmaciones de que la violencia y la criminalidad han disminuido. Siempre estamos diciendo que bajó la violencia, que el clima de criminalidad ha disminuido, y la evidencia científica demuestra lo contrario, señaló[8].
Ayestas, especialista en género, educación y prevención de la violencia, también reveló que el cruento escenario nacional llega a alcanzar picos de 25 muertes violentas en un solo día, producto de “crímenes de alto impacto”.
La validez de los “argumentos”
Las autoridades respectivas pueden aducir que los homicidios son producto del crimen organizado o de conflictos interpersonales, pero solo ese argumento sería suficiente para desnudar la incapacidad del régimen en asuntos de prevención y seguridad.
Los datos muestran que el discurso de la seguridad no se ha fundamentado en proteger personas y bienes, sino que se ha privilegiado la “mano dura”, que no disuade, y se interesa exclusivamente en la seguridad del Estado; evidencia también que la política de seguridad no ha sido fruto de la mente privilegiada del “gran estratega”, sino de reacciones coyunturales ante aspectos puntuales como el incremento de la extorsión, el narcotráfico y la presión norteamericana respecto de las extradiciones. De tal forma que la normativa jurídica, la reforma policial, las cárceles de alta seguridad, la creación de la Fusina, Policía Militar, ATIC, Fuerza contra Maras y Pandillas, etc., no han sido más que formas de reaccionar ante la criminalidad, y no en razón de una política integral de seguridad.
Los portavoces del poder dicen que se ha reducido la tasa de homicidios, cuestión que parece cierta, pero no consideran que, según los estándares internacionales, después de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes, una sociedad se encuentra en conflictos parecidos a una guerra; y en el país hay regiones donde esa cantidad se multiplica por cuatro. Tampoco dirán que esa tasa se calcula a partir de un censo de población realizado en 2005, y que lo demás son proyecciones del mismo; además, los datos son previamente procesados por la sección de inteligencia de la policía. Con esa información elabora la tasa de homicidios la “científica” Mesa Interinstitucional de Validación integrada. Desde 2013 hasta la fecha existe una marcada tendencia a ocultar cifras por parte de las autoridades, por lo que tal descenso podría obedecer a esta situación y no a una disminución tangible de la violencia en el país.
Si fuera cierta la defensa de la vida por el Partido Nacional y el régimen de Hernández, esta tendría que haberse concretado en una política pública que, por lo menos, estableciera la seguridad humana como asunto de Estado y no como tema electoral, y que se expresara en respuestas a la ciudadanía respecto del empleo, el respeto de sus derechos, un eficiente sistema de salud y educación pública, y sin agresiones a la dignidad individual.
Después de casi doce años en el poder, lo que se ha profundizado es la corrupción, el narcotráfico, la violación de derechos, el incremento de los femicidios y de la criminalidad en general, la precariedad laboral, la migración forzada, las leyes que garantizan la impunidad, y las violentas agresiones físicas y verbales contra las personas de la diversidad sexual.
[1] Esto puede verse en Irving M. Copi y Carl Cohen (1967): Introducción a la Lógica, Eudeba, Buenos Aires, pp. 17-20.
[2] Ibíd., pp. 59 en adelante.
[3] Véase: Grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres en la legislación y en la práctica. “Autonomía, igualdad y salud reproductiva de las mujeres en los derechos humanos internacionales: entre el reconocimiento, reacciones adversas y las tendencias regresivas”, octubre de 2017, p. 4.
[4] Plan de Gobierno para refundar Honduras 2022-2026, p. 8.
[5] Los informes citados están disponibles en: www.casa-alianza.org.hn
[6] “Informe Mensual de la Situación de los Derechos de las Niñas, Niños y Jóvenes en Honduras”, Tegucigalpa, agosto de 2021,
[7] Datos disponibles en: www.iudpas.org
[8] Once Noticias, 19 de octubre 2021.
* Licenciado en Filosofía y docente en el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), autor de El legado de la Reforma Liberal, Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, 2001.