En medio de un pacto de impunidad y de una pandemia que ha extremado los actos de corrupción de los más cercanos a Juan Orlando Hernández, se anuncia el cuarto proceso electoral que se realizará en el marco de la institucionalidad damnificada que heredó el golpe de Estado de 2009.
Sin embargo, el escenario nacional es un terreno muy movedizo, propicio para los imprevistos y sorpresas, porque Honduras se ha convertido en el país de lo imponderable.
Un pacto contra la justicia
La cancelación a inicios del año 2020 –justo antes del anuncio de la pandemia– del Convenio con la MACCIH[1], a la que siguió de inmediato el desmantelamiento de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción, UFECIC, significó la culminación del proceso liderado por Juan Orlando Hernández y su círculo cachureco para implantar un pacto de impunidad. El propósito es allanar el camino ante cualquier amenaza que conduzca a investigaciones y eventuales juicios contra los integrantes de los anillos más cercanos al proyecto continuista, señalados y acusados de desviar o saquear recursos y bienes públicos.
Allanando el camino
Este camino ha seguido allanándose con la puesta en vigencia del nuevo Código Penal, que reduce penas por delitos de corrupción y narcotráfico, al tiempo que mantiene vigente la carga penal contra quienes –por ejercer el derecho a la libertad de expresión– pueden ser acusados por calumnia y difamación, e incluso de “apoyar” supuestos actos de terrorismo.
Tan pronto como el Código Penal entró en vigencia en junio, en medio de fuertes cuestionamientos, poderosos personajes de la política y la empresa privada –que guardaban prisión por actos de corrupción–, fueron puestos en libertad. Según los entendidos, la liberación de acusados encarcelados seguirá en aumento para favorecer a los corruptos; mientras, continúa la persecución penal contra comunicadores sociales, defensores del ambiente y de derechos humanos, comprometidos con la denuncia de actos delictivos y la defensa de las libertades públicas.
Y así seguirá el rumbo de las cosas, hasta que quienes lideran el pacto de impunidad logren controlar por completo las instancias electorales que conduzcan a coronar el continuismo del equipo de Juan Orlando Hernández –con él o sin él–, en las elecciones generales de noviembre 2021.
¿Quiénes conforman el anillo del pacto de impunidad?
Lo conforman el Fiscal General del Estado, todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, los oficiales del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, los oficiales que conducen la Policía Nacional, un sector de la dirigencia de la empresa privada, especialmente con sede en Tegucigalpa; sesenta diputados del Partido Nacional, unos cuantos diputados del Partido Liberal –seguidores de la línea oscura del expresidente Carlos Flores Facussé–, unos cuantos diputados de los partidos “bisagra”, y los propietarios de los principales medios de comunicación con su lista de prominentes periodistas que forman parte de la nómina que recibe pagos directamente de Casa Presidencial.
La creciente necesidad de protección de Juan Orlando Hernández ha llevado a los militares a un posicionamiento tan grande, que los ha convertido en el factor decisivo del proyecto político continuista. Tanto es así, que los jefes militares se han colocado en el primer anillo de influencia del equipo del titular del Ejecutivo; su poder es tal, que con mayor razón se puede hablar de haber iniciado esta tercera década del siglo con una dictadura militar apenas disfrazada por la fraseología con que se maquilla esta democracia a la hondureña.
La amenaza de una MACCIH sin mordiente, como ocurrió especialmente después de la salida de Juan Jiménez Mayor, y el poder casi sin límite de los militares, dejó al desnudo los niveles profundos de corrupción y el poder auténtico de quienes se amparan en el pacto de impunidad. Estos tienen la cínica concepción de ser los propietarios de los bienes del Estado y del país entero y, por tanto, no permiten, bajo ninguna circunstancia, que alguien o algo, por remoto o tibio que sea, amenace los privilegios que han obtenido como ganancia de un largo ejercicio del poder autoritario. Esos estorbos les resultan inadmisibles, aunque sean de poca monta, como fueron los dos últimos años de la MACCIH.
Una estabilidad precaria
Sin embargo, este proyecto se sostiene sobre un terreno movedizo que genera una inestabilidad política que no tiene arreglo en sí misma. Es allí donde reside un elemento generador de actos imprevistos que pueden culminar en estallidos sociales que sorprendan a nuestra sociedad.
Comenzando porque su líder, Juan Orlando Hernández, actúa sobre la base de que es pública y oficialmente reconocido como narcotraficante, y esto no solo significa el riesgo de que en cualquier momento puede ser requerido por la justicia estadunidense, sino también que se mantiene en la mira vengativa de diversos líderes narcos, que tienen la plena decisión de cobrarse la traición de que han sido víctimas por el ahora llamado “cartel de los Hernández”. Su estabilidad presente y futura se sostiene únicamente por la alianza con los militares y su círculo familiar y político más cercano.
Lealtades mercenarias
Pero toda esa lealtad es “mercenaria”, comprada con dinero contante y sonante, chantajes y favores. Sin embargo, nadie garantiza una lealtad comprada. Una lealtad así puede romperse por donde menos se espera. En su círculo más estrecho, Juan Orlando Hernández tiene “amigos”, como los ministros de Seguridad y Defensa, que también necesitan protegerse las espaldas, y son leales a su jefe siempre que esa lealtad sea segura. Para ellos parece que se escribieron los versos de un poema muy popular:
El mundo es un mercado donde se compran voluntades y conciencias. Amigos, es mentira no hay amigos. La verdadera amistad es ilusión. Ella cambia, se aleja y desaparece con los giros que da la situación… Amigos complacientes solo tienen los que disfrutan de oro y calma…[2].
El titular del Ejecutivo utiliza a su favor todos los imprevistos, como la pandemia del Coronavirus, para dejar que sus allegados saqueen los dineros destinados a atender los pacientes contagiados por esta mortal enfermedad. Así los mantiene leales a sus decisiones. Y en efecto, habrá lealtad mientras disponga de abultadas cantidades de dinero para pagarla. Cuando los leales “mercenarios” perciban o huelan que su lealtad pone en riesgo su propia seguridad, por los múltiples compromisos que tienen con asuntos ilícitos, tendrán que darle la espalda a Juan Orlando Hernández.
Por eso mismo, el mandatario está constantemente ratificando y renovando las lealtades de sus cercanos colaboradores y conformando nuevos círculos de lealtades a través de beneficios económicos o de protecciones institucionales, que luego se convierten en factores de chantaje. La lealtad hacia Hernández se basa en un criterio innegociable: nadie puede hablar y menos denunciar al mandatario o a sus allegados, porque en esa relación de cercanía y de autoprotección todos están salpicados de corrupción, o han requerido de alguna protección política o judicial.
El futuro de Juan Orlando Hernández depende de su capacidad para sostener indefinidamente esa política “mercenaria” de lealtades. También dependerá del aval que le siga dando Estados Unidos, tanto el Comando Sur como la Casa Blanca, y dependerá de si Trump es reelecto o no. El escenario político hondureño pende de los hilos de esta inestabilidad, especialmente en estos tiempos de pandemia porque, habiendo visto Juan Orlando Hernández la emergencia del Coronavirus como una enorme oportunidad para ganar imagen y convertirla en un factor al servicio de su proyecto continuista, también debe asumir el costo de los escandalosos e inocultables actos de corrupción de sus colaboradores más cercanos, que conducen a un debilitamiento personal y de su partido.
En el segundo semestre, mucho más que a inicios de año, la compra de lealtades es aún más necesaria, y a precios y compromisos mucho más altos. Esto hace del escenario nacional un terreno muy movedizo, propicio para que emerjan imprevistos y sorpresas, porque Honduras se ha convertido en el país de lo imponderable.
Cuarta edición electoral a la vista
En este contexto de pacto de impunidad y de una pandemia que ha extremado los actos de corrupción de los más allegados colaboradores de Juan Orlando Hernández, se perfila la cuarta edición de procesos electorales que se realizan en el marco de la institucionalidad damnificada que dejó el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Las tres ediciones anteriores –noviembre de 2009, noviembre de 2013 y noviembre de 2017— fueron elecciones controladas por el Partido Nacional y sus resultados estuvieron teñidos de sospechas y de una total falta de credibilidad. Desde las elecciones de 2009 –realizadas en un escenario de toque de queda y de agitación de amplios sectores sociales que demandaban el retorno al orden constitucional–, hasta las de noviembre de 2017, cuyo marco fue la imposición de una reelección presidencial que prohíbe la Carta Magna, los resultados han sido calificados como fraudulentos.
Lo conquistado por la fuerza no se entrega en la paz electoral
El continuismo se impuso y, como sentenciaron algunos analistas en aquellos aciagos años de la ruptura del orden constitucional, quienes diseñaron e impulsaron el golpe de Estado “llegaron para quedarse”, y ni por asomo “devolverán el poder del Estado a través de los comicios”. Esto es lo que se llama un proyecto autoritario dictatorial.
El tiempo transcurrido desde finales de noviembre de 2017 hasta septiembre de 2020, ha estado amenazado por el inminente peligro de una segunda reelección de Juan Orlando Hernández; o en su defecto, la continuidad del proyecto sin Juan Orlando Hernández como candidato. En esos términos, el cuarto torneo electoral posgolpe es el instrumento preciso de legitimación del proyecto político autoritario-dictatorial que lidera Hernández desde 2009.
Los sectores políticos opositores al proyecto dictatorial han realizado vigorosos intentos por superar los mecanismos fraudulentos impuestos por el oficialismo, sobre todo en las elecciones de 2013 y 2017. En 2013, el partido Libertad y Refundación, Libre, tuvo un visible protagonismo con la candidatura de Xiomara Castro de Zelaya, esposa del defenestrado presidente Manuel Zelaya Rosales; y en las elecciones de 2017, cuando se conformó la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que respaldaba la candidatura presidencial del presentador de televisión Salvador Nasralla. El fraude, con todas sus maniobras y la inestabilidad que desencadenó es historia contada, pero no por eso olvidada.
Sospechas e incertidumbre
La historia que hace falta contar es la de la cuarta edición electoral, la que se avecina. Esta iniciará el 14 de marzo de 2021 con elecciones internas y primarias en los partidos políticos mayoritarios y, según el calendario oficial, culminará con las elecciones generales el último domingo de noviembre del mismo año.
El rumbo de las negociaciones entabladas entre las cúpulas partidarias sobre los procedimientos a seguir, indica que las sospechas sobre el montaje de un nuevo fraude electoral –según lo denunciado por varios partidos– cobran fuerza en el debate parlamentario sobre la aprobación de una nueva ley electoral o la continuidad de la ley vigente. Un panorama similar se presenta en las decisiones que se asumen sobre un nuevo Documento Nacional de Identificación.
En el primer caso, la vigencia de la ley actual le da ventajas al gobernante Partido Nacional y facilidades para volver a manipular el proceso en las elecciones generales; y en el segundo, se le presentan ventajas similares: ir a elecciones primarias y generales con un censo electoral desacreditado y sospechoso de avalar la fraudulencia de los procesos anteriores, lo que significaría que el partido gobernante volvería a ser el “gran elector”. Sin embargo, para salirse con la suya, necesita negociar con líderes de los partidos opositores, sobre los que entonces recaería la sospecha de contubernio o de arreglos bajo la mesa con el gobernante.
El principal campo de disputa
El proceso electoral está inserto en la vertiente de inestabilidad política e institucional que se viene arrastrando a lo largo del presente siglo, y que se acentuó tras el golpe de Estado de 2009. Esta inestabilidad se agudiza y se complementa con las vertientes de desigualdad socioeconómica y degradación ambiental que se han profundizado con la pandemia del Covid-19. Si la tendencia apunta a un mayor deterioro político e institucional, no podría ser distinto en un proceso electoral que ha venido dando señales de crisis en las tres ediciones anteriores.
Las elecciones se han convertido en el principal campo de disputa para quienes están interesados en mantener privilegios y capitalizar las diversas crisis para acumular más poder y controlar el Estado y los bienes públicos y naturales. Pero también representa un campo de disputa para los partidos políticos opositores, que entienden que evadir la participación electoral es aceptar que la dictadura se profundice. Y entrar en la disputa electoral conlleva negociar espacios y posiciones que contribuyan a fortalecer su capacidad para triunfar en las elecciones.
A la vez, lo electoral es un factor distractor propicio para el círculo de políticos que giran en torno de Juan Orlando Hernández, tanto en Casa Presidencial como en el Congreso Nacional y en otras instancias fuertemente cuestionadas por actos de corrupción y supuestos vínculos con el narcotráfico. Y puede ser que también lo sea para otros políticos, como los de la “oposición oficial”, interesados en afianzar cuotas de poder para después de las elecciones, independientemente de quiénes resulten ganadores.
Esta cuarta edición del proceso electoral que se impulsa en el marco de la naufragada institucionalidad del Estado, será sin duda la más conflictiva y crítica de todas. En gran medida porque en esta se canalizarán todas las confrontaciones, polarizaciones e intereses antagónicos de los grupos de poder que husmean en torno del control del Estado para sus beneficios y negocios. Toda esa conflictividad será trasladada a los sectores políticos opositores, y estará por encima de las capacidades de las organizaciones sociales y populares para mantener mesura, autonomía e independencia.
Vendaval político
“Por la víspera se conoce la fiesta”. De este panorama se deduce que la campaña electoral se ve venir como un vendaval político. Si los participantes no actúan con responsabilidad y madurez, el vendaval arrasará con las pocas semillas de unidad y confianza sembradas en las diversas expresiones organizativas de la sociedad.
Se puede prever que este vendaval político, más que contribuir a encontrar caminos de debate y discusión provechosa, dejará damnificadas las estructuras sociales, políticas, ambientales, campesinas, femeninas, juveniles, étnicas, profesionales y académicas. Sobrevivir a este vendaval, y luego recomponer fuerzas y energías para el escenario poselectoral es, sin duda, un desafío político fundamental en esta coyuntura que se prolongará desde septiembre 2020 hasta los últimos meses de 2021.
Todas las señales apuntan a un proceso electoral conducido férreamente por las fuerzas políticas más tenebrosas, lideradas por el cachurequismo de la estirpe más cruda y dura, que contará con el respaldo directo del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, del sector más exclusivo de la oligarquía empresarial, de los propietarios de los principales medios de comunicación, y con el respaldo “subliminal” de quienes controlan los corredores hondureños del crimen organizado.
Un pequeño ejemplo de este control es lo que ahora se le denomina enrolamiento; es decir, la inscripción de la ciudadanía en el nuevo censo que sustentará la emisión de una nueva tarjeta de identidad. De acuerdo a datos confiables, los dirigentes y activistas del Partido Nacional dieron la orden de que todos los afiliados al partido se presenten, en masa, para sacar de antemano el nuevo documento de identidad y así garantizar un millón trescientos mil votos, con los cuales podrían alzarse con el triunfo. Y esto ocurre porque, para la cúpula cachureca, esta cuarta edición electoral es de su propiedad, y no está dispuesta a compartirla ni mucho menos a cederla.
Los imponderables de esta coyuntura histórica
Honduras se ha convertido en el país de los imponderables, por el conjunto de conflictos postergados que se ha convertido en un amasijo de inestabilidades. La tendencia es hacia el control del proceso electoral, con todos sus resultados, por las fuerzas extremistas del conservadurismo hondureño. Sin embargo, todo podría derrumbarse si se cruza uno o más de los siguientes imponderables.
1. Los resultados de las elecciones en los Estados Unidos. Juan Orlando Hernández cuenta con el apoyo explícito de la Casa Blanca que, en armonía con el Comando Sur, han dado muestras de sostener su régimen, no obstante las críticas de diversos sectores, entre estos algunos representantes y senadores del Congreso de la Unión y algunos funcionarios del Departamento de Estado.
Según analistas internacionales, más que de la embajada en Tegucigalpa y del Departamento de Estado, es del Comando Sur de donde estarían emanando las principales directrices en respaldo al gobierno de Hernández. Este es beneficiado por el Comando Sur con sus políticas de seguridad hacia Honduras, y desde el territorio hondureño hacia el resto de la región mesoamericana, latinoamericana y caribeña. Y la administración Trump completa el premio por la adhesión –más servil que incondicional– del equipo de Juan Orlando Hernández a las políticas antinmigrantes, especialmente por haber aceptado que Honduras se convierta en “un tercer país seguro”, que no es sino convertir el territorio hondureño en una barrera de contención para los migrantes que buscan transitar por este país hacia los Estados Unidos.
Una reelección de Trump, tras las elecciones del 3 de noviembre 2020, significará la ratificación de este respaldo. Además, podría abrir las puertas para fortalecer el control que ejerce el sector extremista sobre el proceso electoral para consolidar el continuismo del proyecto político autoritario en Honduras. Sin embargo, en el caso de un triunfo del Partido Demócrata –que además se expresara en el control de las Cámaras Alta y Baja del Congreso de la Unión–, podría abrir las puertas a eventuales cambios en la política exterior, que condicionarían el respaldo al gobierno de Hernández.
2. Los juicios de la justicia estadunidense. El juicio a Tony Hernández, realizado del 2 al 18 de octubre de 2019, y que culminó con la declaración de culpabilidad en todas las acusaciones, sigue pendiente de sentencia condenatoria, la cual se ha venido postergando en los últimos ocho meses. Durante este tiempo han desfilado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York varios extraditados de Honduras y Guatemala que implican, ya no tanto a Tony Hernández, sino a su hermano Juan Orlando.
Además, a finales de abril de este año, en el marco de la pandemia, se difundió la noticia del requerimiento fiscal de la justicia estadunidense contra Juan Carlos “el Tigre” Bonilla, ex Director General de la Policía y miembro del equipo de seguridad de los hermanos Hernández. Aunque su nombre y su paradero han sido silenciados, se erige como una fuerte amenaza contra Juan Orlando Hernández, porque podría aportar elementos que trastoquen su situación de inmunidad ante el gobierno estadunidense por ejercer la Presidencia de la República.
3. Un nuevo golpe de Estado, autogolpe o convocatoria juanorlandista a una Constituyente derivada. Honduras es el país de las sorpresas; incluso puede sorprender a los estrategas políticos y militares del gobierno de EUA. Estos imponderables han pasado a ser parte de la movediza realidad política y social del país y de sus relaciones con Estados Unidos.
En la lectura de fondo, el Alto Mando de las Fuerzas Armadas detenta un poder que nadie le disputa. Es el auténtico poder entre los poderes políticos y económicos. El enorme poder que ha acumulado en los últimos años se debe, en gran medida, a la capacidad que ha tenido Juan Orlando Hernández para comprar su lealtad, y porque ha compartido con aquel negocios ilícitos, particularmente relacionados con el jugoso negocio del narcotráfico. Estos hechos son los que facilitan que los jerarcas militares y la cúpula del partido gobernante mantengan una relación de complicidad y mutua protección.
Siendo este el panorama político, la situación movediza del país podría conducir a que el desprestigio y la pérdida de credibilidad del mandatario lleguen a niveles tan insostenibles, que los jerarcas militares –en contubernio con el sector hasta ahora leal al gobernante– decidan, en determinado momento, llevar a cabo un golpe de Estado. Para ello contarían con algunos grupos empresariales, que están hartos de un mandatario que ya no les resulta rentable. Estos empresarios, asociados con sectores políticos de derecha, aprovecharían la circunstancia para acceder a espacios de poder, aceptando incluso quedar subordinados a los militares.
De igual manera, el sector más cercano a Juan Orlando Hernández, en contubernio con el Alto Mando de las Fuerzas Armadas, podría impulsar un autogolpe de Estado que estuviese mediado por un llamado a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente Derivada. Esto supondría la suspensión del Congreso Nacional para convertirlo en una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución de la República. Y con ello se extendería, automáticamente, la continuidad de Juan Orlando Hernández al frente del gobierno al menos por dos años más.
El objetivo del mandatario y de sus anillos más cercanos es darle continuidad a su proyecto y, para alcanzarlo, no importan los medios y los caminos a seguir. Para Juan Orlando Hernández, proseguir bajo la protección del Estado es, literalmente, asunto de vida o muerte, y aquí reside el contexto vital de esta cuarta edición del proceso electoral. No tomar en cuenta este factor tan decisivo, verlo con desdén o restarle importancia, puede conducir a que todos los caminos se allanen a favor de la dictadura.
4. Un proyecto político electoral donde converjan todas las fuerzas opositoras. Hasta el momento, este proyecto todavía es impensable, pero en los asuntos de la política nada puede darse como un hecho inmutable y nada puede ser descartado porque, a fin de cuentas, bien se dice que la política es el arte de hacer posible lo que a veces parece imposible.
El mandatario y su círculo de leales y expertos en el marketing político entienden que una condición para hacer posible el subsiguiente triunfo electoral, es mantener a raya a la oposición, dividida y peleada entre sí. Pero necesitan de una “oposición” que le dé un barniz de legitimidad al proceso electoral, aunque el gobierno y el Partido Nacional controlen los organismos y mecanismos electorales. La “oposición” es necesaria, además y sobre todo, para tener el aval de la comunidad internacional.
Necesitan una oposición debidamente controlada e internamente fraccionada, sin capacidad para remontar las ambiciones individuales, las desconfianzas entre los dirigentes, los protagonismos de unos en detrimento de otros, las sospechas de infiltraciones y traiciones. El oficialismo trabaja en este terreno desde hace mucho tiempo, y seguramente intensificará su labor en la medida que avance la agitación política. Hasta el momento, esta estrategia ha mostrado su eficacia.
Las redes sociales facilitan la tarea
No se necesita de mucho esfuerzo para exacerbar los ánimos de militantes, líderes y voceros oficiosos de la “oposición”. Basta con que un dirigente vierta una opinión en público, para que se levanten las más virulentas y agresivas respuestas. En este ambiente, es muy difícil encontrar a alguien que escape a esa atmósfera de infértiles antagonismos. Todos contribuyen: desde los dirigentes más encumbrados en sus responsabilidades políticas, hasta los activistas de base. De modo que el equipo de Juan Orlando Hernández tiene muy fácil la tarea.
El aporte específico de la estrategia del equipo del gobierno es asegurar –con expertos en ese tipo de labores–, que estas confrontaciones lleguen a las redes sociales o se ventilen a través de estas. De manera que las redes sociales están llamadas, en esta estrategia de dividir a la oposición, a ser el campo de batalla donde las voces de los diversos sectores de la oposición se alcen con toda su furia para despedazarse entre sí.
En esta batalla virtual, los estrategas oficialistas, o al servicio del oficialismo, buscan no tanto que desaparezcan los ataques y acusaciones a Juan Orlando Hernández y sus colaboradores, sino que los ataques entre la oposición alcancen al menos el mismo nivel con que la oposición ataca y acusa a la dictadura. Y que las voces opositoras se ataquen mutuamente, a partir de sus propias estrategias y métodos de lucha.
Desconfianzas y sensibilidades a flor de piel
Un ejemplo que ilustra esta estrategia es la campaña que a finales de junio inició en las redes sociales en torno de la pregunta ¿Dónde está el dinero?, que en agosto alcanzó los mayores niveles de popularidad que, hasta entonces, una campaña haya alcanzado.
Juan Orlando Hernández no tuvo que hacer un gran esfuerzo para defenderse o contraatacar esta campaña, que desenmascaraba sus actos de corrupción. Sus estrategas la deslizaron hacia el campo de confrontación interna de la oposición, con argumentos de muy poca monta pero eficaces; hicieron aparecer a quienes sustentaban la campaña como grupos “light”, como “continuadores” del golpismo y representantes de los “blanquitos”, calificativo que recuerda los aciagos tiempos del golpe de Estado de 2009, cuando la resistencia al golpe se identificaba claramente con los colores rojo y negro, mientras que los golpistas vestían camisetas blancas. La campaña prosiguió, pero con sus objetivos adulterados, porque la confrontación se desplazó de señalar la corrupción de JOH, a un pleito más lejano entre “blanquitos” y la “izquierda inclaudicable”.
Pero este es un ejemplo secundario porque, al momento de hablar de alianzas y negociaciones, se ha logrado que unos acusen a otros de estar aliados con Juan Orlando Hernández para garantizarse cuotas de poder; y los otros contraatacan con el argumento de que aquellos buscan ante todo el camino hacia el Norte, para jurar lealtad a los gringos y, a cambio, recibir su aprobación para “ganar” las elecciones.
Todo lo anterior vertido en las redes sociales, se convierte en un polvorín de confrontaciones dentro de la oposición, debilitando sus capacidades para un posible proyecto político unitario. Los mecanismos implementados por quienes diseñan esas estrategias parten del análisis de los altos niveles de sensibilidad y desconfianza que persisten en líderes y activistas de la oposición, que explotan con poco que se les atice.
¿Es posible la unidad de la oposición?
El camino de un proyecto unitario es el más complejo y cuesta arriba. La razón esencial: muy pocos están dispuestos a renunciar a sus intereses, concepciones ideológicas, resentimientos, sospechas y prejuicios para remontar el feroz proyecto de la dictadura. Por otra parte, la oposición política electoral no podrá alcanzar sus objetivos sin el respaldo de liderazgos sociales que tengan suficiente credibilidad para avalar con su presencia la construcción de una propuesta política unitaria. Los liderazgos de las organizaciones sociales pueden contribuir a aflojar las tuercas que impiden que las ruedas de la unidad se pongan en marcha; pero siguen sin ser escuchados.
Si de verdad se busca sacar la dictadura y romper con la dinámica de continuismo que esta ha impuesto, se necesitará una amplia alianza nacional de los diversos sectores de la oposición. Y esto supone que las confrontaciones internas dejen de ser más fuertes que la necesidad de alcanzar acuerdos estratégicos en el marco de un proyecto unitario.
Puesto que el cachurequismo está convencido de que la oposición nunca alcanzará acuerdos internos que pongan en peligro su continuismo, construir esta unidad desde la diversidad se convierte en un reto ineludible para concentrar todo esfuerzo en los propósitos que unen a las fuerzas políticas y sociales de la oposición, en lugar de profundizar en las pequeñeces que la mantienen fragmentada en múltiples parcelas de egoísmo. ¿Es posible superar el egoísmo de algunos, para vencer el pacto de impunidad de otros?
5. La suspensión o postergación de las elecciones. La sospecha ha estado en el ambiente, incluso ha sido parte del debate político en septiembre: la posposición o la suspensión de las elecciones por diversas razones; desde los anunciados rebrotes de la Covid, acompañados de un eventual desastre durante la temporada lluviosa, hasta la desconfianza respecto del censo electoral y la nueva tarjeta de identidad.
Este ambiente de incertidumbre y convulsión a la vuelta de la esquina, ha sido el escenario propicio para que el mandatario y sus asesores organicen un plan de emergencia de alta envergadura –acompañado de una campaña publicitaria demagógica– que lo haga aparecer como un plan de salvación nacional.
Para que el plan funcione, Juan Orlando Hernández deberá contar con el consenso de todos los integrantes del pacto de impunidad, lo cual solo podrá lograrse en el marco de un triunfo electoral de Donald Trump. Ese plan de “salvación nacional” podría conducir al siguiente paso: la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, orientada a consolidar el proyecto continuista de la dictadura y su pacto de impunidad.
Los desafíos para las organizaciones sociales
Los resultados electorales parecen estar anticipados. Si el cachurequismo puro y duro no está dispuesto a negociar el control de la campaña política con otras expresiones partidarias –excepto las cuotas de poder que le den legitimidad y legalidad “democrática”–, no habrá duda de que impondrá los resultados que más le convengan, como lo ha venido haciendo desde su ascenso al poder.
Para las organizaciones sociales y sus líderes, esta cuarta edición electoral será como atravesar un campo minado, entrar en la pelea con expertos en manejos sucios y en chantajes, hábiles tramposos para conducir “negociaciones” que siempre concluyen a su favor.
Además, la campaña electoral distraerá a estos sectores de tareas fundamentales como atender a los contagiados durante la pandemia; apoyar la lucha de la gente que denuncia abusos y saqueos; defender los derechos de las comunidades amenazadas por los proyectos extractivos, y defender a los defensores de derechos humanos amenazados, para que sigan cumpliendo con su deber.
El lugar de la oposición social y política
Mientras los partidos políticos con mayor poder se disputan la Presidencia de la República, buscando desde ahí controlar los demás poderes del Estado y sus instancias de contraloría, habría que preguntarse cuál es el lugar de la oposición seria y firme.
Si la Presidencia de la República solo está en disputa entre la extrema derecha y las fuerzas del liberalismo tradicional, las estrategias de los sectores sociales y territoriales progresistas habrían de colocarse, ante todo, en las luchas sociales y la defensa de las comunidades y poblaciones más amenazadas por los proyectos extractivos y la avalancha militarista. Y desde este espacio, situar el debate y sus luchas en el terreno electoral.
Este es el lugar privilegiado y no ha de admitir disputa, porque es lo que en toda circunstancia dará identidad a los movimientos sociales y a una oposición política y social batalladora y creíble. Con la credibilidad, el reconocimiento y los liderazgos adquiridos en las luchas sociales por los derechos humanos, ambientales y territoriales, la oposición social y política ha de preguntarse cómo situarse en el lugar que mejor conduzca a alcanzar el mayor número de curules en el Congreso Nacional, y en disputar la correlación de fuerzas a las estructuras cachurecas y tradicionales en los territorios, a través de candidaturas a las alcaldías y regidurías.
El campo de mayor disputa en este período habrá de ser para lograr, al menos, disminuir en los territorios la correlación de fuerzas desfavorable para las expresiones sociales progresistas. Toda negociación solo podrá caber en esta identidad de lucha social, sin abandonarla ni mucho menos manipularla en aras de intereses político-partidarios. Si se han de elegir tales instancias de participación, estas tendrán que encarnar en los principios y la identidad política de una oposición antisistémica, antineoliberal, antirracista y antipatriarcal.
[1] Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.
[2] Ramón Ortega, “Verdades amargas”.