Antecedentes
Luego de las elecciones del 26 de noviembre de 2017, centenares de hondureños y hondureñas salieron a las calles a manifestarse ante las numerosas irregularidades en el proceso electoral que tuvieron como resultado la cuestionada elección del candidato oficialista y actual Presidente de la República, Juan Orlando Hernández[1].
Como respuesta, el gobierno hondureño desplegó a la Policía Nacional, al Ejército y a la Policía Militar del Orden Público para reprimir las protestas. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos documentaron que las fuerzas de seguridad hondureñas hicieron uso excesivo de la fuerza contra las manifestantes y transeúntes (uso desproporcionado de gases lacrimógenos, golpizas e incluso utilización de armas letales) y realizaron detenciones arbitrarias en violación de las normas constitucionales e internacionales sobre los derechos a la integridad, la libertad y a las garantías del debido proceso.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) verificó “que al menos 23 personas resultaron muertas en el contexto de las protestas postelectorales, entre ellas 22 civiles y un agente de policía”. También “determinó que al menos 16 de las víctimas murieron violentamente a causa de disparos por las fuerzas de seguridad, entre ellas dos mujeres y dos niños, y que al menos 60 personas habían resultado heridas, la mitad de ellas con municiones reales”[2]
El 21 de diciembre de 2017, Jhony Andrés Salgado Fuentes fue capturado por agentes de la Policía Nacional Preventiva en su casa de habitación en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro. Ese día, las fuerzas de seguridad realizaron un desalojo violento de la protesta ciudadana en contra del fraude electoral en el puente de Quebrada Seca, a varios metros de su casa.
Según testimonio de la víctima, él se encontraba en el solar de su casa, observó gente correr escapando de los gases y disparos de los policías que le seguían. Por ello decidió ingresar a su casa con su compañera de hogar y sus dos hijos con el fin de protegerlos. De repente, escuchó golpes contra la puerta de su casa y gritos para que la abrieran. Cuando Jhony decidió abrirla, los policías lo sujetaron por la fuerza y lo subieron a una patrulla. Según indica Jhony, en ese momento no le explicaron las razones de su detención ni sus derechos como lo prevé la ley, ni le decomisaron ningún objeto, lo cual quedó demostrado mediante una inspección al libro de novedades de la Policía realizada por la Fiscalía de Derechos Humanos, quien acusó a los cuatros agentes de la Policía por suponerlos responsables de cometer los delitos de Abuso de Autoridad y Allanamiento de Morada en perjuicio de Jhony. Antes de llevárselo en la patrulla, dos agentes de la Policía colocaron latas de gas lacrimógeno en la puerta de entrada de la casa de la vecina de Jhony, provocando que su familia y demás personas vecinas fueran afectadas por el gas.
A raíz de esta detención se abrió un proceso penal contra Jhony, por suponerlo responsable de los delitos de Portación ilegal de arma comercial, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras; y uso de indumentaria policial, en perjuicio de la Policía Nacional de Honduras. Las autoridades dicen que él participó en la protesta y que lo detuvieron en la vía pública cuando se dio persecución a las personas manifestantes. Según la versión de la Policía, en el momento en que lo detuvieron, Jhony tenía en sus manos una escopeta y un escudo de uso exclusivo de la Policía en el cual estaba escrito “Fuera JOH”, las iniciales del nombre del presidente hondureño.
Respecto al caso en contra de Jhony, Amnistía Internacional señaló que “la información a la que tuvo acceso […] da muestra de las serias inconsistencias e irregularidades en la prueba que hasta ahora sostiene la acusación en su contra, lo que despierta serias dudas de que estos cargos hayan sido fabricados con otro fin, como el de intimidar a todos aquellos que han salido a las calles a expresar su descontento. Debido a estas graves violaciones al debido proceso, Amnistía Internacional considera que la detención de Jhony fue arbitraria[3]”.
Jhony estuvo cuatro meses en detención preventiva en el centro penitenciario de El Progreso, fue hasta el 25 de abril de 2018 que la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula confirmó el auto de formal procesamiento y sustituyó la prisión preventiva.
La otra cara del Ministerio Público
El día que ocurrieron los hechos (21 de diciembre de 2017), la compañera de hogar de Jhony presentó denuncia en la Fiscalía regional de El Progreso, la cual fue trasladada a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en Tegucigalpa. El 26 de julio de 2018, esa Fiscalía presentó Requerimiento Fiscal en contra de los policías: 1) Rudy Ariel Brizuela Mejía, (sub inspector), 2) Sandro Exequiel Zavala Hernández, 3) Santos Rigoberto Mendoza Bonilla, y 4) Edwin Alberto Rodríguez Casco, éstos últimos de escala básica, asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención número 11 de El Progreso, Yoro, por suponerlos responsables de los delitos de Allanamiento de morada y Abuso de autoridad en perjuicio de Salgado.
El 18 de septiembre de 2018 se realizó Audiencia Inicial. Fue hasta el 14 de diciembre del mismo año, la Juez Jeannette Handal Romero dictó sobreseimiento definitivo para los cuatro procesados, cuando ya habían transcurrido dos meses veintiséis días desde la audiencia, incumpliendo con lo establecido por el Código Procesal Penal que establece en su artículo 294, que concluida la audiencia: “inmediatamente el juez pronunciará la resolución”. Al momento de dictar su resolución, la Juez no valoró la prueba en su conjunto, pese a que los medios de prueba evacuados demuestran que Jhony fue detenido en su casa, ella consideró que fue aprehendido en la calle cuando huía de la policía, pero no estableció con claridad que la llevó a esa convicción, y tampoco realizó ningún análisis de las declaraciones de los testigos de la parte acusadora y del por qué no le dio valor alguno.
Sobre el mencionado sobreseimiento definitivo, la acusación privada presentó recurso de apelación, realizándose audiencia en la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula el 26 de septiembre de 2019. La Corte confirmó la resolución del 14 de diciembre de 2018, es decir el sobreseimiento definitivo a favor de los cuatro miembros de la fuerza pública por considerarles que no tuvieron participación en los delitos imputados, garantizando una vez más la impunidad en la que se encuentran los violadores de derechos humanos.
El 18 de febrero de 2021 la acusadora privada presentó un recurso de amparo por considerar violados o amenazados el derecho a un debido proceso, derecho a la defensa y derecho de acceso a la justicia; recurso que a la fecha no ha sido resuelto.
Impacto en la vida de Jhony y familia
Para Jhony y su familia ha sido muy difícil superar lo vivido, el impacto psicológico y económico ha sido fuerte, tal y como explica: “de los 41 años que tengo, nunca había estado preso, cuando estaba en prisión casi me muero de la angustia”. Jhony asegura que nada es igual, tiene miedo de salir a la calle y cuando lo hace siempre lo hace acompañado ya que le tiene pánico y rechazo a la Policía, cuando ve a un uniformado o una patrulla le afecta mucho porque los policías que ingresaron a su casa lo amenazaron con quitarle la vida e irlo a tirar a las cañeras, situación que le ha generado preocupación y angustia, y durante todo este tiempo, ha temido por su vida y la de su familia. Conoce más sobre el impacto en su vida y la de su familia: https://radioprogresohn.net/pt/jhony-salgado-victima-de-persecucion-y-hostigamiento-policial-podcast/ .
Para cumplir con la medida cautelar impuesta por la Juez, Jhony debe pagar la cantidad de 200 Lempiras cada vez que va a los Tribunales y ha estado firmando cada quince días por casi cuatro años, así que ha optado por la bicicleta. Lo anterior, no solo afecta a su economía familiar, también le ha tocado enfrentar la dificultad para conseguir un trabajo permanente, porque nadie le dará permiso para que falte al trabajo. Sin embargo, él ha cumplido a cabalidad con la medida cautelar impuesta.
[1] Misión de Observación Electoral, Informe final. Elecciones generales. Honduras, Organización de Estados Americanos, 26 de noviembre de 2017, pp. 6, 15 y 33: “El cumulo de irregularidades y deficiencias son tales que no permiten tener plena certeza sobre el resultado”.
[2] Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras, Tegucigalpa, 2018, pp. 2, 13-26.
[3] Amnistía Internacional, Prohibido Protestar, Uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias como estrategias para reprimir la disidencia en Honduras, junio de 2018.