Tegucigalpa, 31 de enero de 2024.- El pasado 16 de enero, 16 organizaciones de mujeres y derechos humanos presentaron una solicitud de acción urgente ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU por la desaparición forzada de la joven Angie Samanta Peña Melgares, ocurrida el 1 de enero de 2021 en Roatán, Islas de la Bahía. Hasta el momento, las autoridades hondureñas no han dado con su paradero ni identificado, judicializado ni sancionado a las personas responsables de su desaparición.

El 22 de enero, el Comité contra la Desaparición Forzada emitió una resolución en la que requirió la acción urgente del Estado de Honduras para que adopte todas las medidas necesarias con el fin de buscar y localizar a Angie, y proteger su vida e integridad personal. Este requerimiento obliga a las autoridades competentes a actuar inmediatamente en tres grandes áreas: humanitaria, investigación penal y participación de la familia de la víctima.

En términos generales, las acciones del Estado en dichas áreas consisten en el establecimiento urgente de una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda inmediata de Angie, así como la investigación exhaustiva e imparcial de su desaparición para judicializar y sancionar a las personas responsables. En todas estas acciones las autoridades tienen la obligación de garantizar la participación efectiva de la familia y sus representantes, y el acceso a la información pertinente.

Teniendo en cuenta que el Comité contra la Desaparición Forzada le dio un plazo de un mes al Estado de Honduras para que le envíe información sobre las medidas adoptadas, solicitamos al Fiscal General y al Secretario de Seguridad una reunión urgente para que se nos informe sobre el avance de la investigación penal y las medidas que se están adoptando para sancionar a las personas responsables de la desaparición de Angie y para dar con su paradero.

Considerando que la desaparición de Angie se da en un contexto grave de desapariciones en el país en el que, según datos oficiales, entre 2012 y 2022 desaparecieron 9,838 personas, de las cuales, el 62% son hombres y el 38% son mujeres, también solicitamos a la presidenta Xiomara Castro que asuma con urgencia y responsabilidad este fenómeno, y ordene la creación de una Comisión de Búsqueda con la asistencia técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Honduras.

La actitud del Estado frente al requerimiento del Comité de Desapariciones Forzadas y a las peticiones de la familia de Angie Peña y sus representantes evidenciará si realmente existe voluntad política para luchar frontalmente contra el crimen de desaparición forzada, dar con el paradero de Angie y garantizar que nunca más ninguna niña o mujer sea víctima de desaparición forzada en el país.

Finalmente, recordamos lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido que la desaparición forzada es una práctica que despoja a las personas de toda su humanidad e implica un craso abandono de los principios esenciales del Estado de derecho y de una sociedad democrática.