En conmemoración de los 14 años del asesinato del periodista hondureño Nahúm Elí Palacios Arteaga, las organizaciones nacionales e internacionales parte de la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Mesa de Seguimiento) urgimos al Estado hondureño a reconocer su responsabilidad en la violación al derecho humano de libertad de expresión en el caso del periodista y a avanzar con eficiencia en las investigaciones y los procesos de judicialización de los responsables de este crimen.
Nahúm Palacios, quien realizaba una labor de cobertura crítica y de oposición pública contra el golpe de Estado, y su esposa Yorleni Sánchez fueron atacados por un grupo fuertemente armado en las afueras de su casa de habitación el 10 de marzo de 2010. En los meses previos a su asesinato, el ejército de Honduras sometió a Palacios a detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamiento, interrogatorios ilegales, entre otras acciones represivas que apremiaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dictar medidas cautelares en 2009 que requerían al Estado hondureño a proteger la vida e integridad del periodista. Sin embargo, y aún con el otorgamiento de medidas de protección, el Estado no respondió de forma contundente ni oportuna a la situación de riesgo urgente comprobada por la CIDH y a favor del periodista.
En 2023, tras más de una década de impunidad, este caso fue admitido por la CIDH: un paso crucial para el reconocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos que se perpetraron en Honduras durante el golpe de Estado en junio de 2009, en particular contra las personas periodistas. Este proceso permitirá evidenciar el peligro que en Centroamérica enfrentan las personas periodistas y profesionales de la comunicación cuando realizan su trabajo de manera crítica y comprometida con poblaciones históricamente vulnerabilizadas.
El caso de Nahúm Palacios demuestra que la libertad de expresión ha sido históricamente y continúa siendo un derecho amenazado en nuestra región. Asimismo, la impunidad que rodea el caso y la nula voluntad del Estado por hacer justicia constituyen violaciones inaceptables a los derechos de toda la sociedad hondureña, que tiene derecho a estar informada y a conocer la verdad, sobre todo en medio de coyunturas políticas caracterizadas por el ascenso de regímenes autoritarios que basan su poder en la tergiversación y asedio de la información.
Por esas razones, las organizaciones que conformamos la Mesa de Seguimiento, requerimos al Estado de Honduras que cumpla con su obligación de garantizar justicia y reparación integral a la familia de Palacios. Igualmente, le pedimos que fortalezca las condiciones que permitan a la sociedad hondureña el acceso a la información diversa y a las personas periodistas y profesionales de la comunicación en Honduras continuar realizando sus labores de denuncia e información de la verdad en torno a problemáticas sociales y políticas, sin que su trabajo crítico y disidente signifique una amenaza a su integridad física y mental.
demoras e informar a la sociedad hondureña y al Tribunal regional sobre la capacidad y voluntad estatal para darle cumplimiento a tales sentencias y así garantizar su efectivo cumplimiento.
Organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento:
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Casa Alianza
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos
Pastoral Penitenciaria Iglesia Católica
Caritas Arquidiócesis de San Pedro Sula
Red Lésbica Cattrachas