José Mario López* y Lucía Vijil Saybe**
El conflicto agrario en el valle del Aguán transita por una nueva etapa de diálogo con el Gobierno, que es una oportunidad para nuevos acuerdos. En este escenario, la Plataforma Agraria continúa su proceso bajo el Acuerdo firmado en febrero de 2022, y el MUCA sigue buscando renegociar la deuda por el pago de sus tierras. Mientras, los agroindustriales siguen siendo actores relevantes en la judicialización de campesinos.
Introducción
Los procesos de acumulación originaria de la tierra han sido la génesis de las desigualdades en la posesión y titulación de la propiedad agraria. Este escrito pretende, a partir de un ejercicio de síntesis de las primeras dos décadas de este siglo: a) caracterizar tres procesos significativos en la recuperación de tierras en el valle del Aguán, destacando el papel del sujeto político campesino, b) identificar la respuesta del Estado en el abordaje de la conflictividad por la tierra y, c) motivar el diálogo sobre un conflicto agrario que no ha sido resuelto en varias décadas.
I. ¿De dónde partimos?
Los esfuerzos reformistas en el agro hondureño han estado marcados por la supeditación a una lógica mercantil de la tierra. En el marco de la implementación de la Alianza para el Progreso en los países de América Latina y el Caribe, como programa de intervención dirigido a contrarrestar la influencia de la revolución cubana (1959), las reformas agrarias tenían como objetivo “diversificar la estructura agraria existente y atenuar la polarización entre latifundistas y minifundistas; entre 1960 y 1964 se aprobaron por lo menos diez reformas agrarias en América Latina”[1].
La primera Ley de Reforma Agraria en Honduras se emitió en 1962; originalmente buscaba expropiar y nacionalizar tierras consideradas ociosas, es decir, que no estuvieran explotadas en toda su capacidad, con la finalidad de transformar la estructura de la tenencia de la tierra; sin embargo, solo se afectaron tierras nacionales y ejidales[2].
Uno de sus objetivos era romper el patrón latifundio-minifundio, la forma tradicional de propiedad en el agro hondureño, caracterizado por los bajos niveles de producción y productividad. Esta condición constituía, antes como ahora, una barrera para la justicia social[3]. Sin embargo, esa reforma agraria fue incapaz de superar la agricultura de subsistencia y de reducir la pobreza en el área rural.
El segundo período de la reforma agraria se producirá a partir de 1972, año en que se emitió el Decreto Ley No. 8, un mecanismo transitorio que permitió frenar la presión del campesinado por medio del arrendamiento forzoso de tierras ociosas, como antesala a la emisión de una ley duradera[4]. Con el Decreto Ley No. 170 se asumió como terminada la segunda etapa de la reforma agraria. La intención era ampliar el mercado interno, ejercer mayor control sobre la presión campesina por la tierra, y nacionalizar tierras ociosas[5].
La Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA), Decreto Legislativo 31-92 de marzo de 1992, aprobada en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), complicaría los procesos inconclusos de la reforma agraria. Esta ley, promovida por sectores privados y externos en el marco de las medidas de ajuste estructural en Honduras, permitió la venta y renta de tierras de las cooperativas de la reforma agraria a particulares y empresas privadas.
Las leyes mencionadas responden a una dinámica de capitalismo agrario, caracterizado por la profundización de las modalidades agroindustriales (siembra de palma aceitera y sus derivados), multiplicación de los actores en los modos de producción y nuevas formas de organización social.
II. El sujeto político en las recuperaciones de tierra en el valle del Aguán
El valle del Aguán está situado en los departamentos de Colón y Yoro, en el norte de Honduras; es un sitio muy importante por su productividad, su ubicación geográfica y su fertilidad, que se extiende en una superficie de 1,730 km2. A partir de la implementación de la reforma agraria (1972) se empieza a poblar con familias del sur, occidente y centro del país. En ese momento “se inicia el proceso de conformación de las primeras cooperativas de la Reforma Agraria. Tocoa, con todo ese movimiento y emporio, es declarada Capital de la Reforma Agraria”[6].
La crisis del Aguán es histórica y sus actores han sido dinámicos. Para efectos de este análisis, nos centraremos en los movimientos de recuperación de tierra que comenzaron a inicios del siglo XXI, y hoy son una referencia fundamental para el análisis de la coyuntura actual.
La primera experiencia en este ámbito se produjo entre los años 2000 y 2007, liderada por el Movimiento Campesino del Aguán (MCA). Los grupos campesinos recuperaron tierras en el espacio que antes ocupó el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), en el municipio de Trujillo, Colón. Según el título correspondiente, las tierras del CREM eran aproximadamente 5,724.92 hectáreas[7], de las cuales 4,924 se titularon a favor de empresas campesinas[8].
Las tierras del CREM fueron de las mejor pagadas por el Estado de Honduras. Un primer pago, por medio de la Procuraduría General de la República (PGR), se efectuó a favor del estadounidense Temístocles Ramírez por aproximadamente 17 millones de dólares[9]. En el año 2000, durante el Gobierno de Carlos Flores Facussé, se realizó un segundo pago por 30 millones de lempiras, mediante el Decreto del Congreso Nacional 92-201, para el pago de mejoras a personas o empresas[10]. Y un tercer pago, por L 83 millones, se hizo en 2004, durante el Gobierno de Ricardo Maduro, con base en un avalúo sobrevalorado para favorecer a terratenientes y ganaderos vinculados al bipartidismo tradicional[11].
El MCA estaba integrado por 45 empresas campesinas afiliadas a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), Asociación Hondureña de Mujeres Campesina (AHMUC) y la Asociación Campesina Nacional (ACAN)[12], un aproximado de 700 familias. De acuerdo con Ricardo Falla[13], el movimiento campesino en ese momento histórico posiciona tres perspectivas:
La primera es la de la historia. El CREM fue el Centro donde las tropas estadounidenses entrenaban a las tropas salvadoreñas y a los “contras” nicaragüenses en la lucha contrainsurgente. Hoy, esas tierras están ocupadas por campesinos, lo que constituye un acontecimiento histórico, simbólico y patriótico. La segunda perspectiva es económica y social. Con esta ocupación parece despertar en Honduras la aletargada y necesaria reforma agraria. Esta toma podría hacer surgir en Honduras un modelo de relanzamiento de la reforma agraria como vía eficaz en la lucha contra la pobreza rural (…) La tercera perspectiva es geopolítica. El apego a estas tierras que tienen sus ocupantes ilegales –los ganaderos– y la impunidad que cubre las transacciones de tierras en esta zona encubren “movidas económicas” impresentables.
Mientras el Estado de Honduras pagaba al ciudadano estadounidense las tierras del CREM y resolvía las irregularidades de venta de tierras por la Municipalidad de Trujillo a terceros, el MCA debió enfrentarse a grupos de ganaderos y terratenientes que habían ocupado las tierras del CREM. Consecuencia de ello fue el asesinato de campesinos y campesinas, otros actos de violencia física y desalojos de los campesinos.
La recuperación de tierras efectuada por el MCA puso en el debate nacional el impacto de la LMDSA a través de la compra-venta legal e ilegal de tierras con fines de reforma agraria a los grandes terratenientes; el acaparamiento y concentración de la propiedad de la tierra, así como el aumento de la densidad poblacional en el valle del Aguán, que crea la necesidad de contar con espacios para la construcción de viviendas y mejorar las condiciones de vida de las comunidades campesinas.
Simbólicamente, el MCA asumió el legado del Padre Guadalupe Carney, el sacerdote que acompañó a grupos campesinos en Colón y Yoro, al nombrar los espacios recuperados como Comunidad Guadalupe Carney. El proceso de recuperación finalizó con una primera entrega de 1500 hectáreas por parte del Gobierno de Honduras a campesinos y campesinas del MCA en octubre del 2000[14]. Sin embargo, la negativa de las empresas de cumplir con el proceso de transferencia en el marco del Decreto 18-2008, complicó la labor del INA para el saneamiento de las tierras.
Una segunda experienciade recuperación de tierras en el Aguán se ubica en el periodo 2007-2012, y fue liderada por el Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA). En este segundo momento, según Gustavo Irías[15], las recuperaciones de tierras efectuadas por el movimiento campesino asumen que:
El convencimiento del manejo irregular del proceso de compra-venta del fondo de tierras de la reforma agraria, “donde una parte era legal y otra ilegal”, hizo nacer en los y las sobrevivientes de los antiguos beneficiarios de la reforma agraria y en otros pobres del campo la necesidad de plantearse la recuperación de la tierra antiguamente perteneciente a las cooperativas y empresas asociativas campesinas.
Las tomas de carretera y la presión del MUCA obligó al Gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) a intervenir y negociar, mediante una Comisión Técnica-Jurídica compuesta por representantes del INA, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de la Presidencia y el MUCA, que debía entregar un informe en un plazo máximo de 30 días[16].
El golpe de Estado de 2009 terminó con las negociaciones y agudizó la militarización y la violencia en el Aguán. El MUCA toma nuevamente el liderazgo con los acuerdos para la resolución del conflicto agrario, firmados durante el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), el primero que se firmó con el Poder Ejecutivo[17]. Sin embargo, la firma de este primer acuerdo provocó la división del MUCA, del cual surgió el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), que no estuvo a favor del contenido del acuerdo del 13 de abril de 2010. El segundo acuerdo (compra-venta)[18] se firmó con el Poder Ejecutivo y La Exportadora del Atlántico, el 17 de junio de 2011[19].
Con base en datos del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA)[20], entre 2008 y 2013 se registraron “ciento veintitrés (123) asesinatos y seis (6) desapariciones forzadas”, incluyendo campesinos/as (90), guardias de seguridad (14), militares (1), policías (1), terratenientes (7), y otros actores (15). El informe destaca que “doce (12) casos fueron masacres de más de tres (3) víctimas mortales, llegando a alcanzar un máximo de once (11) muertes en un mismo hecho”.
Un elemento importante es que en 2012 se modificó la Ley de Portación de Armas, con el propósito de reducir los índices de asesinatos y violencia por conflictos agrarios. Es así que se elaboró un decreto, a ser aplicado únicamente en el departamento de Colón, que restringe “la portación en lugares públicos o el transporte en vehículos cualquier arma de fuego, aunque esté registrada o exista permiso de portación”[21]. Sin embargo, la debilidad institucional de los órganos de seguridad y la presencia de grupos irregulares armados, impidieron construir entornos más seguros para la población campesina.
En este segundo momento de recuperación de tierras, es importante destacar que las dinámicas del campesinado se orientaban a la revisión de las leyes que habilitaron la concentración de la tierra (el debate trasciende a la LMDSA y se discuten los instrumentos de política pública relacionados con el agro), el avance de las mujeres como sujetas sociales y la seguridad alimentaria de las comunidades rurales.
El tercer y más reciente movimiento campesino organizado, de 2013 a la actualidad, surgió por el acumulado de respuestas paliativas al conflicto de fondo, que es la necesidad de impulsar un verdadero proceso de reforma agraria. En este escenario aparece la Plataforma Agraria, otro actor que articula diversos grupos y movimientos campesinos. Su conformación inició en 2012, y desde entonces se ha sumado a la recuperación de tierras en distintas zonas del Aguán (tierras amparadas en la Ley de Reforma Agraria o incautadas por la OABI[22]). En la actualidad la conforman 37 organizaciones, entre cooperativas y empresas campesinas[23].
La Plataforma Agraria ha posicionado en el debate público la necesidad de un abordaje jurídico del conflicto agrario en el valle del Aguán, para evidenciar la pertenencia de los títulos de propiedad entregados en el proceso de reforma agraria. Ha reiterado el llamado a las instituciones gubernamentales para resolver la impunidad respecto de los asesinatos de campesinos y campesinas, y para mejorar las condiciones de vida de la población rural.
La agudización del conflicto entre la Plataforma Agraria y los terratenientes agroindustriales del valle del Aguán se deriva de la acumulación de procesos inconclusos de entrega de tierras, según el convenio firmado por MUCA y MARCA; a ello se suma la aplicación de medidas represivas por los diferentes gobiernos como respuesta a la crisis agraria, en particular la instalación en la zona de la Fuerza de Tarea conjunta Xatruch.
En febrero de 2022, ya en el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, la Plataforma Agraria firmó un convenio con dependencias del Estado (INA, Secretaría de Defensa y Secretaría de Seguridad) para buscar salida a los conflictos, particularmente lo relacionado con la forma de adquirir la tierra y determinar la propiedad legítima. El acuerdo incluye crear tres comisiones: comisión administrativa (compra y venta de fruta, y formación de las cooperativas); comisión jurídica (para investigar la legalidad de la propiedad de la tierra) y una comisión tripartita para abordar la impunidad en casos de violación a derechos humanos. Hasta el momento, está pendiente la instalación de la comisión tripartita.
Al cumplirse un año de la firma de los acuerdos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) registró los asesinatos de cinco personas defensoras de derechos humanos en el contexto del conflicto en el Aguán: Francisco Ruiz, el 8 de marzo en la aldea La Brea; Mauricio Esquivel, el 21 de diciembre de 2022 en Quebrada de Arena; y en 2023, José Omar Cruz, el 18 de enero en Tocoa; Santos Rivas, el 12 de febrero y un menor de edad en Trujillo; todos en el departamento de Colón[24].
Como estructura organizativa, la Plataforma Agraria se consolida en un proceso de negociación que se complicó por la disputa de intereses con las grandes empresas agroexportadoras. En una base datos[25] del CESPAD, sobre judicialización de líderes agrarios de 2009 a 2021, con información recabada en los tribunales de justicia y focalizada en los departamentos de mayor conflictividad (Choluteca, La Paz y Colón), se identificaron 1,441 casos judicializados. De estos, 79 (5%) pertenecían a Choluteca, 519 a La Paz (36%) y 843 (59%) a Colón. El 79% eran hombres y el 21% mujeres; iguales porcentajes se observaron en Colón.
En este departamento, el 100% de los delitos se registraron por usurpación, con otros delitos combinados: el 4% por daños agravados y el 3% por daños. En porcentajes menores aparecen los delitos de hurto, robo y amenazas. El total de expedientes judiciales en Colón es de 189; la principal parte acusadora son personas particulares y/o empresas, con 159 casos (84%); el Ministerio Público con 17 casos (9%), mientras que en el 7% de los casos no se ha podido determinar la parte acusadora.
Es importante destacar que, durante todo el tiempo en que se ha llevado a cabo la recuperación de tierras en el Aguán, el campesinado ha enfrentado olas violentas y sangrientas, que implican persecución, criminalización, judicialización y asesinatos, la mayoría de las cuales se mantienen en total impunidad.
III. Reflexiones finales
El proceso de reforma agraria y el marco de políticas públicas que se ha tratado de construir en las últimas décadas, han desaprovechado la oportunidad para avanzar hacia una verdadera redistribución de la tierra que permita el desarrollo del agro y del campesinado en el valle del Aguán.
En cada uno de los hitos presentados en este trabajo, se han impuesto los intereses del capital y de los grandes agroindustriales mediante el control de la tierra. Por esta vía se satisface la dinámica global de intercambio y expoliación, pero se obstaculiza toda apuesta por la soberanía, en cuanto al acceso a la tierra y la alimentación en condiciones dignas para la población rural.
En la recuperación de tierras, el Estado ha cumplido tres funciones cruciales: a) pese a la débil institucionalidad, ha sido pieza clave en la creación y promoción de normativa agraria y agropecuaria con un enfoque que ha permitido la mercantilización de la tierra; b) la militarización del conflicto agrario ha sido la constante en distintos gobiernos, sobresaliendo el uso desproporcionado de la fuerza; y, c) el Poder Judicial ha impulsado procesos de hostigamiento, desalojos y criminalización de líderes de las organizaciones campesinas que, lejos de solucionar el conflicto, lo agudizan y complejizan.
El papel del movimiento campesino, en las tres experiencias de lucha agraria presentadas, reafirma que: a) la organización comunitaria es capaz de poner en debate y cuestionar la posesión y titulación de la tierra, a pesar de su diversa composición orgánica; b) su capacidad de movilización se expresa principalmente en acciones de calle, pero también en plantones y estrategias de incidencia ante la institucionalidad estatal y los organismos internacionales; y, c) este sujeto social ha sido capaz de instalarse en el imaginario y el debate nacional, no obstante su ubicación periférica en la Costa Norte, para reivindicar la necesidad de un verdadero proceso de reforma agraria que asegure la distribución de la tierra al campesinado.
Actualmente, el conflicto agrario en el valle del Aguán se encuentra en una nueva etapa de diálogo con el gobierno, que abre una oportunidad para alcanzar nuevos acuerdos. En este escenario, los grupos campesinos aglutinados en la Plataforma Agraria continúan su proceso bajo el Acuerdo firmado en febrero de 2022, mientras el MUCA sigue buscando renegociar la deuda de los pagos de sus tierras. La acción de los agroindustriales se produce a partir dos presupuestos básicos: a) mantienen el monopolio sobre el procesamiento del aceite de palma; y, b) siguen siendo actores relevantes en la judicialización de campesinos[26], medio por el cual defienden sus intereses corporativos.
El debate sobre el conflicto agrario en el Aguán y las experiencias al respecto, dan pauta para seguir analizando las formas de organización, articulación y demandas en la distribución de la tierra, especialmente por los sectores más vulnerables. Por otra parte, son dinámicas cíclicas que atienden a la profundización de los intereses financieros por la tierra, lo que implícitamente requiere del uso de la fuerza de grupos poderosos. Los discursos de estos actores se posicionan, por parte de los campesinos, en el derecho a la tierra; y, por parte de los sectores poderosos, en el crecimiento económico que desconoce la acción social para propiciar mejores condiciones de vida a la población.
El movimiento campesino continúa posicionando la necesidad de una distribución equitativa de la tierra, la defensa de la organización y la soberanía territorial y alimentaria. Así, concibe la reforma agraria como una condición indispensable para alcanzar sus objetivos, en una sociedad tan desigual como la hondureña.
[1] Miguel Alonso Macías (2001). La Capital de la Contrarreforma Agraria: El Bajo Aguán de Honduras. Tegucigalpa, Guaymuras, p. 52.
[2] Sauceda, V. (2001). Doctrina y acción social de la Iglesia católica frente al proceso de reforma agraria en Honduras 1960-1975. Tegucigalpa, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, p. 56.
[3] Ríos, G. (2014). “Capitalismo, tierra y poder en Honduras”. En G. Almeyra, L. Concheiro Bórquez, J. Mendes Pereira, & C. Porto-Goncalves, Capitalismo: tierra y poder en América Latina (1892-2012), Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pp. 147-179.
[4] Sauceda, V. (2001), op. cit., p. 26.
[5] Ibíd., p. 29.
[6] Miguel Alonso Macías, op. cit., p. 43.
[7] Testimonio de escritura pública, No. 12. Procuraduría General de la República, 14 de junio de 1991.
[8]Entrevista. Funcionario del Instituto Nacional Agrario, Regional del Aguán, septiembre 2022.
[9] La Prensa. Las tierras que se tiñeron de sangre en Colón. Agosto, 2008. Disponible en: https://www.laprensa.hn/honduras/las-tierras-que-se-tineron-de-sangre-en-colon-KDLP661913
[10] Tribunal Superior de Cuentas. 2005. Investigación Especial sobre el uso y manejo del Fondo de treinta millones destinados para compra de mejoras en tierras del CREM aprobado mediante decreto legislativo 92-2001. Informe Especial No. 02 -2005 DASEF.
[11] Entrevista. Funcionario del Instituto Nacional Agrario, Regional del Aguán, septiembre, 2022.
[12] Ídem.
[13] Falla, R. 2000. Una toma de tierras abre puertas a la reforma agraria. Revista Envío, No. 222. Disponible en: https://www.envio.org.ni/articulo/1032
[14]Informe de la Misión de Verificación Internacional, 2011. Disponible en: http://www.oda-alc.org/documentos/1341939689.pdf
[15]Irías, G., 2011, CESPAD. “Estudio de Caso: el MUCA, margen derecha y la lucha campesina por la tierra en el Bajo Aguán”. Disponible en: https://v1.cespad.org.hn/2011/09/21/el-muca-margen-derecha-y-la-lucha-campesina-por-la-tierra-en-el-bajo-aguan/
[16]Ibíd.
[17] Sobre el primer acuerdo: https://movimientos.org/es/honduras/show_text.php3%3Fkey%3D17049
[18] Sobre el segundo acuerdo: https://viacampesina.org/es/honduras-muca-firma-con-el-gobierno-para-compra-de-tierras-en-el-bajo-aguan/
[19]Irías, G., 2011. Estudio citado.
[20] OPDHA, 2014. “Informe Estadístico de Muertes Violentas relacionadas al conflicto de tierras en el Bajo Aguán. 2008-2013”, en: https://xdoc.mx/documents/muertes-violentas-bajo-aguan-5dd59f492facb
[21]Radio Progreso. Voces a favor y en contra del Decreto 117-2012, que prohíbe la portación de armas en Colón, julio 2023. Disponible en: https://www.radioprogresohn.net/aplicacion-movil/voces-a-favor-y-en-contra-del-decreto-117-2012-que-prohibe-la-portacion-de-armas-en-colon/
[22] Oficina Administradora de Bienes Incautados.
[23]Entrevista a dirigente de la Plataforma Agraria, 20 de agosto de 2023.
[24] OACNUDH, 2023. En ocasión del primer año de la firma del Acuerdo entre el gobierno y organizaciones campesinas y populares del Bajo Aguán, OACNUDH hizo un llamado a su efectivo cumplimiento. En: https://oacnudh.hn/en-ocasion-del-primer-ano-de-la-firma-del-acuerdo-entre-el-gobierno-y-organizaciones-campesinas-y-populares-del-bajo-aguan-oacnudh-llama-a-su-efectivo-cumplimiento.
[25] CESPAD, 2022. Base de datos de judicialización de defensores y defensoras de la tierra y el territorio. Documento interno.
[26] Expediente 76-2022. Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en Materia Penal. En contra de 9 campesinos, entre ellos Jaime Cabrera (dirigente de la Plataforma Agraria), acusados por asociación para delinquir, usurpación agravada y privación ilegal de la libertad. Parte acusadora: Corporación DINANT y Exportadora del Atlántico.
* Sociólogo del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC – SJ). Maestrante en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
** Investigadora en el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD). Licenciada en Comercio
Internacional y Máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el Desarrollo en
UNAH. Maestrante en Estudios Socioambientales en FLACSO – Ecuador.